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Impugnan PES, PRI, PRS y Humanista ley aprobada por Morena

jueves 31 enero 2019 | Por: Alan Flores Ramos | La Paz Impugnan PES, PRI, PRS y Humanista ley aprobada por Morena

Firmaron una “acción de inconstitucionalidad” ante la SCJN sobre la creación de la “Unidad de Evaluación y Control” de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado

La Paz, Baja California Sur.- Diputados del Partido Encuentro Social (PES), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Renovación Sudcaliforniana (PRS) y el Partido Humanista (PH) impugnaron una reforma del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Baja California Sur (BCS).


Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar, Anita Beltrán Peralta, José Luis Pérpuli Drew, Elizabeth Rocha Torres y Daniela Rubio Avilés unieron sus firmas para pedir cancelar una adición a la Ley de Fiscalización.


Esto al presentar la acción de inconstitucionalidad 3/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del dictamen que crea la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).


Los mencionados legisladores lograron interponer este recurso, con apenas los 7 necesarios para cumplir el requisito del 33 por ciento del Congreso para iniciar el trámite.


Si la SCJN determina que esta norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.


La creación de la Unidad fue una propuesta de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través del diputado Homero González Medrano.


Fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 y vetada parcialmente por el gobernador, Carlos Mendoza Davis el 20 de noviembre del mismo año.


Posteriormente, el dictamen regresó al Congreso local y fue nuevamente aprobado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sin partido.


Con la nueva Unidad de Evaluación y Control, se vigilará que el titular de la Auditoría Superior del Estado, los auditores especiales y los demás servidores públicos se sujeten a lo que dice la Ley de Responsabilidades Administrativas en la revisión de las cuentas públicas.


Contempla también sanciones por faltas administrativas “no graves” previstas en la Ley y promover la imposición de sanciones de faltas “graves” ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado.