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Perú promulga ley para castigar la corrupción en el sector privado

miércoles 05 septiembre 2018 | Por: Redacción | Internacional Perú promulga ley para castigar la corrupción en el sector privado

El gobierno peruano publicó una norma que sanciona penalmente los actos delictivos que atenten contra la competencia en entes privados

PERÚ

Este martes el presidente peruano, Martín Vizcarra, firmó una ley con la que se modifica el código penal para castigar con cárcel la corrupción entre trabajadores del sector privado, este es un serio problema que ha golpeado al país andino.

Entre los antecedentes de esta ley se encuentran los escándalos del año pasado durante el caso Odebrecht en Perú cuando se involucrara a funcionarios de los últimos cuatro gobiernos y de varias empresas locales, frenando grandes proyectos de infraestructura y el desarrollo de la economía del país.

Tras la promulgación de esta nueva ley, los actos de corrupción cometidos dentro del ámbito privado serán sancionados hasta con 4 años de cárcel, inhabilitación y días multa, según un decreto legislativo aprobado por el Consejo de Ministros y suscrito por el presidente Vizcarra.

De acuerdo a la regulación actual, los privados solo enfrentan sanciones administrativas o pecuniarias por actos de corrupción.

El decreto, difundido por el diario oficial El Peruano, establece que se sancionará a los socios, accionistas o gerentes que reciban algún tipo de beneficio económico indebido para generar alianzas ilegales en perjuicio de la libre competencia empresarial y de la empresa a la que pertenece.

La figura legal es similar a un acto de cohecho o comúnmente conocido como “coima” en el ámbito público, con lo cual cubre un vacío en el código penal frente a la corrupción entre privados, dijo por su parte un comunicado del ministerio de Justicia.

El presidente Vizcarra, quien asumió en marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, busca un referéndum para acelerar un plan de reforma judicial y política luego de que en julio estalló un escándalo de corrupción entre jueces de alto rango.

Esta es la primera vez que las autoridades del país tratan de regular este tipo de actos delictivos y forma parte de las políticas del Ejecutivo para la lucha contra la corrupción tras recibir facultades legislativas del Congreso en esta y otras materias.