La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado aprobó por mayoría de 17 votos a favor de las fracciones del PAN, PRI y PRS el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Los Cabos a través del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable para que lleven a cabo el proyecto “para la construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo que abastezca por un plazo de hasta 25 años de agua en bloque a la población de Cabo San Lucas, Baja California Sur con el objeto de cubrir el déficit actual en la demanda de agua para los usos doméstico y no doméstico…”. 

En una prolongada discusión de más de cuatro horas en la que los representantes de Morena, Guadalupe Rojas, del PT, Camilo Torres y la independiente Rosa Delia Cota mostraron su rechazo al dictamen por considerar que la figura de la Asociación Pública Privada que soportará la construcción de la planta no es lo adecuado, dado que a los usuarios del servicio de agua con el tiempo les saldrá más caro el servicio que recibirán, advirtiendo que sí están a favor de que las colonias populares de Los Cabos reciban un mejor servicio público de agua, pero no bajo los criterios presentados en este proyecto. 

La planta que se construirá en Los Cabos según el dictamen que mereció la dispensa de la segunda lectura tendrá un costo de 890 millones de pesos, de los que un importe no superior al 49 por ciento sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de ese monto será aportado por el Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras que es considerado “como apoyo no recuperable en la modalidad de subvención del Fondo”, en tanto que el restante 51 por ciento lo aportará por medio del esquema legal de Asociación Público Privada la empresa ganadora de la licitación internacional a la que próximamente se convocará por parte del Sistema de Agua Potable de Los Cabos para la construcción de esta planta desaladora. 

En la discusión se dijo por parte del Diputado José Alberto Robles representante del VII Distrito con sede en San José del Cabo que es tan grave el problema de abasto del agua potable en las colonias populares de Cabo San Lucas que en muchos hogares de los 30 días del mes “solamente durante 3 cuentan con el vital elemento”. 

La Fracción del PRI al fijar su posición por medio del Diputado Amadeo Murillo Aguilar puntualizó que para su Grupo Parlamentario “resolver el grave problema de desabasto de agua potable que actualmente padecen los habitantes de Cabo San Lucas, es sin duda, de la más alta prioridad”. 

El legislador destacó que “así lo ha entendido el Gobierno Federal, por ello, en un esfuerzo solidario con sentido de responsabilidad social, autorizó desde el mes de enero de 2017 el otorgamiento de un apoyo no recuperable, es decir, a fondo perdido, hasta por el equivalente al 49 por ciento del costo total de la planta en Cabo San Lucas”. 

Murillo Aguilar añadió que su bancada en la XIV Legislatura siempre ha actuado como una oposición responsable “que más allá de signos o colores partidistas busca de forma permanente el beneficio colectivo apoyando para ello, todas aquellas propuestas que aunque no sean nuestras son útiles a la sociedad”. 

Al hablar a favor del documento el Coordinador de la Fracción del PAN, Diputado Alejandro Blanco Hernández aseguró que la sesión de este jueves es histórica para Baja California Sur, “pero sobre todo para el Municipio de Los Cabos”, porque con la aprobación del dictamen “estamos dando certeza al desarrollo social y económico de Los Cabos para los próximos 25 años”. 

Blanco Hernández indicó que como legisladores y legisladoras “desde nuestro ámbito de responsabilidad nos estamos sumando a un proyecto que resolverá el problema del abasto de agua en Cabo San Lucas para la siguiente generación”.

Precisó que si el proyecto de esta planta desaladora se realizara con financiamiento bancario el costo sería del orden de los 2 mil 500 millones de pesos, en tanto que mediante el esquema de la APP el valor final será 40 por ciento menos, es decir unos mil 600 millones de pesos en 25 años. 

La Diputada del Décimo Sexto Distrito, Rebeca Espinoza Aguilar subrayó que con este proyecto y la conformación de una APP “el Ayuntamiento de Los Cabos no invertirá un solo peso, ya que el 49 por ciento será cubierto por Banobras en fondos no recuperables”. 

La representante del octavo Distrito, Laura Herrera en uso de la tribuna indicó que ella sabe de los problemas que viven todos los días la gente de Cabo San Lucas a quienes representa en el Congreso del Estado. “Yo vengo a esta tribuna no como representante popular, sino como madre de familia preocupada por la falta de agua en mi comunidad, y quiero que el problema se resuelva a favor de mi gente...”. 

En contra del dictamen la Diputada Rosa Delia Cota Montaño, pero reconociendo la necesidad que la sociedad de Cabo San Lucas tiene de abastecerse de agua, la legisladora consideró que con el proyecto de la construcción de la planta desaladora “el único objetivo es destinar miles de millones de pesos de los usuarios de esta planta a una empresa en particular”. Fue reiterativa al manifestar que con su construcción “se quiere aprovechar la oportunidad de otorgar un gran negocio de miles de millones de pesos durante un plazo de 25 años a una empresa particular”. 

Cota Montaño se pronunció por rechazar su aprobación “y ponerse a discusión de los cabeños y cabeñas y luego realizar una consulta pública para definir si la población está de acuerdo o no en que la obra se realice bajo el esquema de Asociación Público Privada y pagar los altísimos intereses que se mencionan por el plazo de 25 años”. 

El Diputado Camilo Torres del Partido del Trabajo al hacer uso de la tribuna señaló que en la mayoría de los casos la figura de la APP “resultan el método más costoso de financiamiento y aumentan en forma significativa el gasto público”. 

Torres Mejía puntualizó que el esquema de la Asociación Público Privada en países de Europa es un modelo que ya no se utiliza puesto que ha sido contraproducente para la sociedad, “hemos insistido que esta figura para crear infraestructura para resolver problemas sociales es poco confiable y que incluso, puede ser una acción de gobierno legal, que no deja de ser inmoral”. 

La Diputada Guadalupe Rojas Moreno al inicio de su intervención “dejó en claro” que no está en contra de que la población de Cabo San Lucas cuente con un mejor servicio de agua potable, sino que en lo que se encuentra totalmente en desacuerdo es el proceso mediante el cual se construirá la planta desaladora. Dijo que no votaría por una acción que “prácticamente privatizará el agua en Los Cabos”. 

Recalco que por qué no invirtieron los recursos del Malecón de La Paz en dotar de agua a Los Cabos o en infraestructura de servicios para la población.