BARCELONA.

En el aire. La sesión de investidura convocada por el Parlamento catalán para este martes se mantiene en suspenso, al igual que el nombre de quien terminará siendo elegido próximo presidente o presidenta de Cataluña.

¿Conseguirá el candidato Carles Puigdemont, actualmente “autoexiliado” en Bruselas, ser investido presidente? Es la gran interrogante que a solo unas horas de la cita en la cámara catalana nadie puede responder con certeza.

Mucho menos después de que el Tribunal Constitucional (TC) español resolviera este fin de semana impedir el debate de investidura si el cesado presidente Puigdemont pretende ser investido de forma no presencial.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Es decir, la resolución del tribunal deja la puerta abierta a que el político independentista pueda acudir al Parlamento para ser investido pero para ello debe contar “con la pertinente autorización judicial” del magistrado del Supremo, Pablo Llarena.

Una autorización que en la práctica no se vislumbra sencilla. Existe el precedente de que este mismo juez no permitió hace 10 días a los diputados independentistas presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn (antes de que renunciara a su escaño) y Jordi Sánchez asistir a la sesión de constitución del Parlamento.

No obstante a las pocas probabilidades de que este permiso judicial proceda, este domingo, el diputado de Junts per Catalunya, Josep Rull, anunció que Puigdemont sí pedirá autorización al magistrado para asistir y participar en el pleno de investidura de este martes, sin ser detenido.

“SIN PLAN B”

El independentismo ha mantenido hasta este momento una única premisa: “Puigdemont o Puigdemont”. Eso significa que no quieren oír hablar de candidatos o candidatas alternativas o planes B, ya que para ellos decir “Puigdemont o Puigdemont significa decir democracia o democracia”, ha declarado Rull.

Lo cierto es que la sentencia del TC echa por tierra el plan original de gran parte del independentismo, que era investir presidente a Puigdemont a distancia, y así evitar que sea arrestado por la policía española. Una opción que no tenía el aval ni de los abogados de la cámara catalana y que, por lo tanto, no tenía mucho recorrido ya que, según advirtió el gobierno de Mariano Rajoy, sería impugnada de inmediato.

CANDIDATURA ALTERNATIVA

¿Y ahora qué? La resolución dictada por el Alto Tribunal pone ahora toda la presión sobre el presidente de la cámara, Roger Torrent, que es quien deberá decidir a contra reloj entre tres opciones: aplazar o suspender el pleno de investidura (un escenario que el reglamento de la cámara catalana no contempla y abriría más interrogantes), buscar un candidato alternativo o desobedecer la orden del Constitucional.

Si opta por proponer otro candidato tendría que improvisar una ronda de contactos exprés con los grupos parlamentarios. Una opción que estaría condicionada a que Junts per Catalunya la aceptara. De ser así, se especula que entre los elegidos podrían estar el exconsejero Jordi Turull –la figura que más consenso genera entre las dos principales fuerzas independentistas– o Josep Rull o Elsa Artadi. En caso de que JxCat no accediera a ello es muy probable que se entrara en un escenario de bloqueo muy incierto, que podría acabar en nuevas elecciones.

ADVERTENCIA

En cambio, si Roger Torrent no obedece al TC podría enfrentarse a consecuencias penales. En su resolución advierte
a los miembros de la Mesa del Parlamento que se abriría contra ellos la vía penal si permiten la investidura a distancia de Puigdemont y les avisa claramente que tienen el deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada”.

Si aún así la Mesa optara por desobedecer esta orden, el nombramiento de Puigdemont no sería efectivo –advierte el tribunal–, y por tanto no sería firmado por el rey Felipe VI.

Así que, según algunos expertos, la única opción que hoy tiene Carles Puigdemont es “entregarse a la justicia española, asumir su detención e ingreso en prisión incondicional y una vez encarcelado, podría solicitar al magistrado Llarena que le autorice ser investido”.

PRESIDENTE O PRESIDIARIO

Sin embargo, este escenario choca con las pretensiones del líder independentista que hace poco dijo que “entre ser presidente y ser presidiario, escojo ser presidente” porque creía –añadió– que podía “servir mejor a Cataluña” desde su refugio en  Bruselas.

El expresidente catalán tiene tres meses instalado en la capital belga, prófugo de la justicia española que le imputa delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Y aunque se encuentra a mil 300 kilómetros de distancia de Barcelona, su gran protagonismo en la política catalana y española es insoslayable.

Puigdemont fue cesado del cargo en octubre del año pasado después de haber impulsado una declaración de independencia “ilegal”; el gobierno de Rajoy convocó nuevas elecciones con la esperanza de que hubiera un cambio de liderazgo. Sin embargo, las elecciones del 21 de diciembre no arrojaron el resultado que Rajoy buscaba: los partidos independentistas obtuvieron el 47.5 por ciento del voto y consiguieron la mayoría absoluta del Parlamento.

SEMANA DE VÉRTIGO

La actualidad política referente al proceso independentista en Cataluña ha demostrado en los últimos días que puede cambiar en un instante. La precipitación de los acontecimientos obliga a actualizar constantemente las hipótesis. Ningún escenario está cerrado.

De vértigo. Así cerró la semana pasada. Recapitulemos: el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el jueves que impugnaría ante el Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de Cataluña. La condición de prófugo del político catalán era el argumento fundamental en el que basa el recurso. “Investir a una persona que está en busca y captura por delitos muy graves sería una nueva afrenta a la democracia”, justificó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El Constitucional no admitió a trámite el recurso, aunque tampoco lo rechazó (dio un plazo de diez días para tomar una decisión) pero dictó medidas cautelares que impiden a Puigdemont ser investido a no ser que se entregue antes a la justicia española.

“POR CIELO MAR Y AIRE”

Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá este martes en la sede del poder legislativo catalán, lugar que estos días ha estado sujeto a una exhaustiva y para muchos, “exagerada” vigilancia policiaca.

Imágenes de agentes de la Policía Nacional española revisando las alcantarillas que rodean el Parlamento catalán, ubicado en el Parc de la Ciutadella, han dejado perplejos a más de uno; o policías abriendo cajuelas de coches en la frontera entre Francia y España.

Estas acciones “por cielo, mar y aire”, según confirmó el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, forman parte de un operativo de seguridad especial que busca evitar que un incógnito Carles Puigdemont consiga entrar a España, llegar al palacio legislativo catalán y ser investido presidente.

¿Un nuevo escenario de choque? ¿Puigdemont (u otra persona) será finalmente investido como presidente de Cataluña? La respuesta a estas interrogantes la sabremos hasta el último momento.

Por ahora, todo es incierto, todo está en el aire.

DOS EXCONSEJEROS MÁS RENUNCIAN

No les quedó de otra. Al no poder participar en la investidura de Puigdemont desde Bélgica, Lluís Puig y Clara Ponsatí, ambos del partido Junts per Catalunya (JxCat) se resignaron a renunciar a sus escaños para que, así, los independentistas, tengan la mayoría absoluta en el Parlamento.

Puig realizó su anuncio a través de Twitter, indicando que también la exconsejera Meritxell Serret renunciará, aunque, según  una publicación del diario El País, lo hará cuando lo considere oportuno.

Con la sustitución que supone su dimisión, los independentistas estarían sumando 68 votos, siempre y cuando el partido Candidatura de Unidad Popular se una a ellos.

La renuncia responde al objetivo de asegurar la mayoría independentista parlamentaria. No es en ningún caso la renuncia al proyecto de Junts per Catalunya ni tampoco de la acción política” explicó un portavoz de “la lista del presidente” de JxCat,de acuerdo con El País.

Esta situación ocurre como reacción a la decisión del Tribunal Consitucional del Sábado que determinó que “los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de búsqueda y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”.