El 20 de noviembre marca un parteaguas en Baja California Sur. El artero asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho develó el estado de indefensión en el que cada ciudadano en esta Media Península se encuentra. Junto con él, falleció su hijo, dejando lesionadas a su esposa e hija.

Si bien, el comentario general y bien puntualizado, en muchas familias ha sido en el sentido que no es la única víctima inocente a quien le arrebataron la vida, porque desde que esta cruel guerra o enfrentamiento (no sabría cómo denominarlo, toda vez que la autoridad a la fecha no ha tenido a bien la conciencia y respeto por la gente de aclarar qué está pasando en realidad). Muchas madres, padres de familia lloran y viven la pena de la pérdida en medio de la “deshonra” porque lo más grave en esta situación es que tampoco la autoridad ha tenido la capacidad de “desmarcar” a quienes han sido daño colaterales; les ha sido mucho más sencillo meter a las víctimas en un solo costal: culpables.

Sin embargo, es a partir del 20 de noviembre que el temor ha invadido con mayor fuerza a la sociedad Sudcaliforniana; pues exhibió lo endeble que es la “estrategia” que las corporaciones de seguridad están aplicando, donde el nivel de “inteligencia” y acción a la fecha nadie lo ha podido constatar, pues resultados no se han visto. Al contrario pareciera que el caos se ha apoderado de Norte a Sur.

Lo grave es que el cruel atentado fue contra una de las instituciones que debieran servir de refugio a cualquier ciudadano, para ser protegidos por los abusos de autoridades; lo grave es que si se vulneró al defensor de derechos humanos, ahora quién querrá asumir la responsabilidad; y mientras tanto, a quién podrá acudir la ciudadanía. Porque entre el miedo, la desconfianza también está creciendo.

A ello se suma, que seguimos viendo los desaguisados de Mendoza, quien no da una, pese a pagar muy bien a empresa consultora para el manejo de imagen. Si hacemos un recuento, desde que ha hecho crisis la violencia en Baja California Sur, las reacciones han sido “caricaturescas”, con tintes de enojo, en donde sus frases han marcado distanciamiento no solo con las víctimas sino con el resto de la población, porque lejos de abonar a la unidad, han sido más constantes los regaños y el aventar la culpa a la sociedad; sin asumir la responsabilidad que tiene como gobernador, olvidando también el compromiso aquel que hiciera en campaña.

Para infortunio de Mendoza y su esposa, se les ocurrió acudir a los servicios funerales de Silvestre de la Toba, y con justa razón, en medio del dolor e incertidumbre, un familiar lo increpó, le echó en cara el dolor que están viviendo ante la caída de dos inocentes en sus familias. El gobernador lejos de haber acudido sin la compañía de funcionarios y medios de comunicación, llegó con todo el acompañamiento que generó más la reacción negativa en las familias. Sabiendo las condiciones de dolor a la violencia vivida, lejos de tratar de ser más sensible y humilde, quiso aparentar ser “magnánimo”, al grado que el despliegue lo hizo quedar en ridículo, sobre todo al atreverse a querer dar entrevistas (cuando en otras ocasiones las niega y hasta se molesta) justo al salir de la funeraria, lamentable, vulgar.

No creo que aprenda la lección un ser que le ha caracterizado la soberbia, que no permite nadie le diga las cosas, vaya, ni los de su equipo más cercano. El considerarse con la razón absoluta lo ha convertido en el peor gobernador de la entidad, y apenas van dos años.

Y sus amanuenses habrán de defenderlo siempre, obvio, reciben jugosas cantidades de dinero. Es de destacarse la petición planteada por la diputada Federal, Xóchitl Hernández Colin, quien sin ser Sudcaliforniana, pero si, conocedora de su gente, pidió la renuncia del ejecutivo estatal; acompañada por el líder de Morena, Alberto Rentería Santana, quien también asumió el sentir de la población. No escuchamos a Ernesto Ibarra, Jisela Páez, Herminio Corral, Esthela Ponce; ni a los Senadores haciendo un exhorto, exigiendo resultados, pareciera que les ha pasado la violencia de la entidad como si nada. Y los legisladores locales, pues ni para mención; porque desde el momento que no se ven resultados y pese a que les ordenaron modificar la constitución para poder contratar al disque procurador, no han sido capaces de exigirle cuentas. (no olvidemos que en medio de la sangre la incidencia de los delitos del fuero común han ido a la alza como espuma).

¿Qué sigue en Baja California Sur?; ¿Hacia dónde vamos?; ¿Quién nos defenderá?. Es claro que la sociedad ha quedado en medio de una situación que ha perdido el control por completo. Lamentablemente, la sangre sigue corriendo, el dolor permeando en los corazones, el sabor amargo de la desolación invade a cada ciudadano.

¿Cómo se podrá reconstruir la confianza, entre las familias?; ¿Cómo podremos sentirnos seguros aún caminando por cualquier calle? Si el miedo sigue avanzando, se paralizaran las actividades productivas; las y los Sudcalifornianos ni idea tenían de lo que era el vivir en la violencia constante, en la incertidumbre.

En la búsqueda del “hueso” muchas cosas se pueden decir, según el líder del PAN (Anaya), expuso a sus consejeros nacionales, que la violencia en las entidades gobernadas por los azules era orquestada por el gobierno federal para restarles puntos en las elecciones del 2018. Sin sustento, solo la acusación; sin importar las y los muertos, sin pensar en el dolor. Todo sea por el poder, por llegar a imponer amigos, compadres y sustraer el erario público, ya sea con empresas constructoras o proveedoras. La gente, siempre al fin