Muy buenos días estimable audiencia, que a diario leen nuestro periódico El Independiente, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga.

Inicio esta columna diciendo a Usted, que la política debe estar presidida por la ética. Los objetivos de un partido político como organización, se vinculan directamente con un mandato Constitucional que, atribuyendo el carácter de organismos de interés público les impone la obligación de promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, y contribuir a que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder. Por tratarse de organizaciones que afilan libre e individualmente a los ciudadanos, debe entenderse que llevan a cabo una acción política de elevadas finalidades y que, como tal las acciones que realicen deben estar revestidas de los más elevados principios de la ética política.

Pero si bien, ese actuar debe responder a los principios éticos, el próximo mes de junio habrá elecciones en la Ciudad de México, y lo que está en juego es la certidumbre de un  proceso electoral, y que dicho proceso abone a un clima político que transita por una coyuntura compleja, donde una sociedad que debemos decirlo, se encuentra agraviada, y hastiada demanda resultados y exige para todos y para si un auténtico Estado de Derecho. Nunca debe perderse de vista que son los hombres y no las instituciones quienes violan, con su inadecuada conducta las reglas de la convivencia civilizada, vulneran las virtudes que deben cumplir en su actual público y con sus conductas llegan al extremo de cometer delitos que dañan el cuerpo social del que forman parte.

La sociedad actual más informada, con mayor nivel de educación recibe los mensajes críticos del actuar de los funcionarios públicos, cuya vida se desenvuelve en el difícil campo de la actividad política y que, por tanto, tienen sus conductas a la vista de la propia comunidad a la que deben de servir en el ejercicio de la actividad que pretenden desempeñar. Los mexicanos requieren de partidos que prevengan cualquier acto de corrupción y que, sancione a quien lo cometa, para lo cual debe de establecer, además de una administración transparente, la vigilancia de los órganos de partido a fin de aplicar estrictamente el código de ética partidaria. También es indispensable tener precisión en las reglas que determinan las faltas, los vicios contrarios a las virtudes exigidas, las incontinencias vulneradoras de la temperancia y, del equilibrio y por supuesto exceso de las conductas abusivas que, pueden convertirse en brutales violaciones de los más elevados principios que rigen la vida de la comunidad.

Los partidos políticos deben integrar un cuerpo legal que trascienda a la normatividad pura de las conductas correctas o incorrectas, y que transformando en disposiciones jurídicas principios de moralidad, construyan un auténtico Código Ética, aun cuando expresamos anteriormente, errores, faltas y delitos cometidos por los  hombres, no debieran afectar a las instituciones; estas en cambio sí deben tratar que los hombres que la componen no incurran en actos que constituyen vicios reprobables y vulneren los principios ética. Para volver a otorgarles credibilidad y confianza a los partidos, la sociedad le exige justipreciar las acciones de sus miembros, sancionar a quienes han actuado contra las más elementales reglas de la ética y la convivencia social.