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Hoy es viernes, 26 de abril de 2024

Continúa juicio político contra exediles, la fecha fatal es el 15 de marzo

• Hay muchas irregularidades y violaciones a reglamentos, es obvio que todo lo hicieron a escondidas, dice el diputado Camilo Torres sobre el caso La Paz Baja California Sur.- Luego de aclarar que la fecha de juicio p

Continúa juicio político contra exediles, la fecha fatal es el 15 de marzo

• Hay muchas irregularidades y violaciones a reglamentos, es obvio que todo lo hicieron a escondidas, dice el diputado Camilo Torres sobre el caso
La Paz Baja California Sur.- Luego de aclarar que la fecha de juicio político contra exregidores del Ayuntamiento de La Paz “no era el pasado 19 de diciembre como se decía”, toda vez que “para la Comisión Instructora la fecha fatal es el 15 de marzo”, el diputado petista Camilo Torres Mejía sostuvo que “lo que sí queda muy claro son las violaciones en que los ex ediles incurrieron”. “Hay una serie de irregularidades que vivimos los ciudadanos y que a mí en lo particular me tocó participar en la acción donde buscamos impedir ese cambio de uso suelo, que era lo más importante que permanecía en una larga lista de trabas y recovecos legales donde se ha ido parando la intentona de meter una minería toxica en la zona de amortiguamiento de Sierra de la Laguna”, dijo el legislador. Entrevistado en exclusiva, Torres Mejía aceptó que existen varias versiones en términos de cómo aplicar la ley, “y el problema con el que nos hemos encontrado, y que ha sido muy complicado”, detalla, “es lograr uniformar criterios de diversos asesores del Congreso, que son los que en última instancia han apoyado el trabajo técnico de la realización de este Juicio, y no ha sido fácil, porque son versiones muy diferentes y hemos tenido que recurrir incluso a algunas asesorías externas en diferentes momentos”. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, miembro de la Comisión Instructora para la revisión del caso de los acusados por el actual Ayuntamiento a los anteriores ediles, señaló con índice de fuego que “todo lo hicieron a escondidas”, afirmando además que “son señalados que cometieron una serie de violaciones para realizar una reunión de Cabildo que ni siquiera estaba registrada en el libro del pasado Ayuntamiento”. Reveló que el 19 de diciembre fue cuando se dio inicio el juicio respectivo, es decir que “lo anterior fueron preparativos para iniciar un Juicio, en lo que se instalaba todo, pero la instalación no es propiamente el inicio de un juicio”, recalcó, dejando establecido que “por tanto la fecha fatal del juicio político es el 15 de marzo de 2017”. Por otro lado, afirmó que en todo esto destaca una serie de situaciones que han complicado el procedimiento de juicio, como el hecho de que “se tiene una ley que data desde hace más de cuarenta años, que no tiene el procedimiento ni muy claro ni completo, que no prevé muchas situaciones como las que se dieron”. “Conforme fuimos avanzando tuvimos que recurrir a procedimientos del Código Civil, y algunos tenían como propuesta que se observaran incluso los procedimientos del Código Penal, como procedimiento, no para que se aplique tal ley”. Señor diputado, ¿cree usted que ha faltado participación de sus compañeros de Cámara? “Sí”, –respondió sin dudarlo, añadiendo, -por parte de los diputados ha faltado más participación, incluso por parte de los integrantes de la Comisión Instructora responsables de analizar el recurso de revisión, donde se alega que no se hicieron algunos procedimientos que se debían haber hecho y que luego fueron tomados en cuenta, lo que está en proceso de presentación de esta resolución ante el pleno”. Y enseguida, sobre el mismo tenor, agregó, -“en efecto, no hubo mucho interés, simplemente porque había acumulación de trabajo. No hubo mucho interés en sacar adelante la resolución de tal manera que pudiéramos erigirnos todo el pleno en jurado, y que por tanto se diera a conocer al pleno el proyecto que presenta la Comisión Instructora y, tras ello, el pleno decidiera si procede o no, si se cambia o no se cambia, y que en su caso los implicados tuvieran su participación, de tal manera que los acusadores pudieran reforzar su acusación y los acusados su defensa”. “En fin”, dijo para concluir, -“todo el procedimiento sigue adelante, hacemos todo lo que se puede dentro de un marco jurídico obsoleto y confuso, pero lo que sí queda claro es que es un juicio político, y eso hay que recalcarlo, no es lo mismo que un juicio penal, civil o de otra índole, es un juicio político por su actuación política, por lo que hicieron políticamente hablando, y para hacer eso cometieron violaciones a muchos reglamentos”.

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