• La cancelación de derechos a Duarte, puede ser la antesala de la expulsión

La Paz, Baja California Sur.- Es en serio el combate a la corrupción, la suspensión de los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a seis de sus cercanos, que son investigados por la PGR por presuntamente haber cometido actos de corrupción es el primer paso para su expulsión, advirtió Héctor Guevara delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El representante del CEN del PRI en Baja California Sur, Héctor Guevara mencionó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor aprobó este lunes por la tarde suspender los derechos como militantes de Duarte y sus cercanos, un hecho que puede derivar en la salida del gobernante del PRI. Fundamentó que para decretar la medida contra el gobernador tomaron, el organismo del tricolor tomó en cuenta las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz, sobre los procedimientos iniciados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Héctor Guevara no descartó que esta medida abre la posibilidad de que el mandatario veracruzano sea expulsado del partido político, “estará la Comisión tomando determinaciones que pueden derivar en dos consecuencias jurídicas: la pérdida de la militancia y la expulsión del Partido Revolucionario Institucional”. Indicó que el PRI continuará la etapa de procedimiento, donde acordarán la posible pérdida de militancia o expulsión del partido, por parte de la Comisión de Justicia Partidaria, quien determinó suspender los derechos partidistas del mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, junto con seis funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, con lo que se abre la puerta a un proceso de expulsión. Expreso que el presidente de la Comisión de este instituto político, Fernando Elías Calles, fue muy preciso al señalar que esta es una medida cautelar de tiempo indefinido y responde a las denuncias presentadas por Armando Barajas y César Mora por violaciones a los estatutos y acusaciones a presuntos actos de corrupción.

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