El último acuerdo firmado así lo establece

La Paz, BCS.- El último  Acuerdo-Convenio de Prórroga que fue celebrado entre la empresa televisiva Canal 10 La Paz, el organismo sindical (SITATYR) y la Junta Federal del Trabajo (JFT), donde intervino como testigo de honor la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (SETPS), que establece el procedimiento de embargo de bienes materiales propiedad del patrón, con miras a venderlos o rematarlos para responder a las demandas legales de los trabajadores, vence hoy lunes 15 de agosto. Sin embargo pese a la premura del tiempo: “hasta hoy no se han registrado avances en las negociaciones”, lamentó apenas el viernes anterior  Secretario del Trabajo en el estado Gustavo Hernández Vela, quien precisó que el conflicto laboral  ha sido ventilado en la Secretaría de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México a través de la Junta Especial 58 de Baja California Sur. “Sólo estamos en espera de que en las próximas horas se dé la ratificación del convenio y si no llegasen a un acuerdo previo, en su defecto el acuerdo se ejecutará en los términos que fueron suscritos en las bases del mismo”, explicó el funcionario, dejando en claro que con ello las partes estarían  cumpliendo lo pactado en donde Canal 10 deberá entregar los bienes descritos para proceder al remate o venta de estos. Al establecer que tomando como principio el hecho de procurar la estabilidad laboral al interior de nuestro estado, el asunto le compete, Hernández Vela  dijo que en base a ello esa institución ha permanecido al tanto sobre el curso que han tomado las cosas, aclarando que lo anterior surgió de un Convenio-Acuerdo de prórroga  que fue celebrado entre la empresa representada por Guadalupe Lucero Álvarez; el organismo sindical por Pedro Mazón Benítez y la Junta Federal del Trabajo 58, donde por consiguiente intervino como testigo de honor la Secretaría del Trabajo que representa. El procedimiento de embargo de bienes se realizaría para responder a las peticiones que con relación  a diversos adeudos atrasados han venido reclamando los aproximadamente 30 trabajadores que ahí prestaban sus servicios  luego de que esa compañía cerró sus puertas en enero de este año, donde sin embargo trasciende la posibilidad de que la empresa, a decir de la representante señora Guadalupe Lucero Álvarez, ponga en práctica algunas estrategias que podrían conducir a evitar el procedimiento de embargo y en su caso terminar con este conflicto laboral que lleva más de seis meses.

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