• Utilizan unidades oficiales para comprar bebidas embriagantes

Aracely Hernández Flores La Paz, Baja California Sur- Acusan regidores de las diversas fracciones que permean actos de corrupción en el Ayuntamiento de La Paz, y señalan a directores de utilizar vehículos para comprar bebidas embriagantes; reclaman ediles rindan cuentas porque ya transcurrieron 90 días, plazo que estableció el propio alcalde Armando Martínez Vega para que mostraran si eran capaces o no de desempeñar su función.

Corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de La Paz

En sesión de Cabildo la segunda regidora Roxana Vianey Simeón, advirtió que hay denuncia de actos irregulares de empleados por lo que dijo que no se han aplicado los controles de confianza, por lo que puso en la mesa del cuerpo edilicio a que cada director sea responsable y vigile el comportamiento de su personal “porque me han llegado cuestiones de corrupción”. El regidor Julio Servando Tamayo exhortó al alcalde a que someta a evaluación a los directivos y sean evaluados y comparezcan ante el Cabildo ya que transcurrió el tiempo señalado por él mismo de 90 días y es fecha que ninguno comparece y demuestra que cumple con sus funciones. Sentenció, que a los directores que estén cumpliendo con eficiencia en sus áreas de trabajo se les felicite y ratifique y a los que no, de ser necesario darlos de baja para realizar los cambios correspondientes. Que todos comparezcan ante el pleno del Cabildo cuando menos dos veces al año. La décima regidora, Rosalba Tamayo expresó que persisten “los mismos males” de no clarificar acciones en las diversas áreas, como es el caso de la Oficialía Mayor donde ha habido opacidad, no da respuesta a ninguna de sus peticiones de información, además que las actas de Cabildo se quedan en “algún cajón archivadas” porque no se les da seguimiento. Además, acuso a Armando Anaya, de obras e infraestructura de no dar respuesta a la instalación de una antena que se había acordado no se autorizaría y que pretenden instalar en Kino, Bravo y Rosales y el director no atiende esta demanda de información. Acuso que el traslado de potestad al Estado de cobros diversos “infla” los costos ya que un acta de nacimiento costaba 70 hoy cuesta 180 pesos, una licencia de 700 pesos cuesta 1 mil 500 pesos, se autorizó este convenio sin el acuerdo del Cabildo, al menos de mi parte, enfatizó la regidora priista.

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