Estado de México. - El Pleno del Senado aprobó, con 72 votos a favor, una iniciativa presidencial para endurecer las sanciones por piratería y uso indebido de la identidad gráfica de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. El dictamen reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de acuerdo con información deQuadratin México.

La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, también busca cumplir compromisos internacionales de México, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Entre las nuevas disposiciones se establece una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública para inducir al error o engaño.

La conducta será sancionada cuando tenga la intención de cometer un ilícito relacionado con el supuesto origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.

Uno de los cambios consiste en sustituir el concepto de “ánimo de lucro” por “escala comercial”, con el propósito de que las conductas puedan acreditarse mediante datos objetivos y verificables durante las investigaciones por delitos de propiedad industrial.

El dictamen también establece que existe un impacto perjudicial significativo cuando el valor de los objetos infractores sea igual o superior a 170 UMA, calculado con base en el precio de mercado de los productos originales o en su precio sugerido de venta al público.

Además, las disposiciones contemplan consecuencias jurídicas para empresas involucradas en delitos de propiedad intelectual, incluyendo la explotación de obras, la venta en establecimientos y la distribución de productos antes de su lanzamiento oficial.

La reforma abarca delitos relacionados con marcas y secretos industriales, además de crear un nuevo tipo penal relacionado con la identidad gráfica gubernamental, cuando esta sea utilizada sin autorización para buscar un beneficio económico o generar un impacto perjudicial.

El dictamen precisa que las disposiciones no contemplan sanciones para la crítica o la sátira política.