La Paz, Baja California Sur. - La XVII legislatura al Congreso del Estado de BCS aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, derivado de dos iniciativas ciudadanas presentadas por Paul José Contreras para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de acoso y hostigamiento sexual.

El dictamen aprobado estipula sanciones para las conductas de hostigamiento sexual, aun cuando no exista una relación de subordinación entre la víctima y la persona agresora, además de contemplar penas específicas cuando las víctimas sean menores de edad o los responsables sean ministros de culto religioso, agravándose la sanción cuando sea cometida la conducta típica o cuando se cometa dentro de las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas o cualquiera otra que implique subordinación.

En tal sentido, al coincidir la comisión dictaminadora con los alcances presentados por el promovente, la reforma al artículo 182 establecerá que al responsable de cometer el delito de hostigamiento sexual se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días. Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de dos a cuatro años y multa de doscientos a quinientos días.

En relación a los robos cometidos contra bienes destinados a servicios públicos, estatales o municipales, así como aquellos perpetrados aprovechando situaciones de catástrofe o desorden público, se aprobó que sean investigados de oficio, sin necesidad de una querella de la parte afectada.

Ahí mismo, en relación a la reforma del artículo 227 Quinquies del Código Penal de BCS, la comisión dictaminadora consideró procedente las propuestas legislativas, toda vez que dicho robo produce una afectación importante tanto al funcionamiento de las instituciones, como a aquellos caso que este se produce bajo las circunstancias que alude el inciso j), por lo que, respaldaron el propósito de iniciar la investigación del hecho que la ley señale como delito de forma oficiosa, favoreciendo así la protección de los bienes jurídicamente tutelados por la norma penal en cuestión.