Estado de México. - El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de las elecciones federales de 2026-2027.

Sin embargo, la atención de la jornada se centró en la aprobación de un mecanismo para registrar y decidir sobre las llamadas “boletas planchadas”, aquellas boletas que aparecen en las urnas sin marcas de doblez, lo que provocó una profunda división dentro del Consejo y desató acusaciones cruzadas de fraude y retroceso democrático entre las distintas fuerzas políticas.

La propuesta ganadora, formulada por la consejera Frida Gómez, establece que cuando se detecten boletas planchadas en las mesas de recuento, el consejo distrital correspondiente deberá documentar la anomalía mediante un acta de incidentes, reservarlas y decidir en el Pleno, de manera expresa y motivada, si la boleta debe computarse o no.

Esta ruta operativa se impuso con una mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, luego de que el proyecto original y una propuesta alternativa de la consejera Rita Bell López López (que buscaba catalogarlas directamente como inválidas si no mostraban signos físicos de inserción) fueran rechazados.

Posturas en contra: Indicios de fraude y extralimitación normativa

El bloque en contra del mecanismo aprobado, señaló que la falta de marcas de doblez es una anomalía física que atenta directamente contra la certeza del proceso.

El consejero Uuc-kib Espadas calificó estas boletas como un “indicio inequívoco de fraude electoral”. Apoyado en la física de los materiales, recordó que la ranura de las urnas mide apenas tres milímetros y que las dimensiones de la boleta (20 por 28 centímetros) hacen físicamente imposible introducir el papel sin doblarlo, por lo que la aparición de hojas totalmente lisas y extendidas es prueba de una inserción irregular que no pasó por las manos de un elector legítimo.

El consejero Arturo Castillo argumentó que la ley obliga expresamente al ciudadano a doblar su voto para proteger su secrecía y libertad, y que las boletas planchadas son prueba de que no hay certeza sobre la autenticidad del sufragio.

Por su parte, el consejero Martín Faz y la consejera Carla Humphrey manifestaron que permitir que un consejo distrital decida discrecionalmente si una boleta se “computa o no” crea una categoría jurídica inexistente en la normatividad electoral. Ambos señalaron que la ley faculta a los consejos distritales para declarar la validez o invalidez de los votos, pero no para inventar un filtro previo de exclusión sobre el cómputo de las boletas.

Asimismo, la consejera Norma Irene De la Cruz defendió que la ausencia de dobleces no es una causal legal de nulidad y que la valoración definitiva de estas irregularidades corresponde exclusivamente a los tribunales electorales, no a los órganos administrativos distritales.

Posturas a favor: Pragmatismo, documentación y límites legislativos

Por otro lado, los defensores de la propuesta de “computar o no computar” argumentaron que el INE debe ser pragmático frente a las lagunas de la ley. La consejera Frida Gómez defendió que su propuesta no sustrae facultades de los consejos distritales, sino que establece una vía operativa clara para documentar cada caso a través de una hoja de incidentes, de modo que se dé una salida transparente que sirva de base para que los partidos políticos puedan inconformarse en las vías jurisdiccionales correspondientes.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei respaldó el criterio señalando la necesidad de dar funcionalidad y objetividad a las juntas distritales frente a escenarios complejos de recuento. Taddei destacó que el levantamiento de un formato de incidente ofrece tranquilidad operativa a la estructura del instituto y dota de elementos probatorios robustos a los partidos políticos para que sostengan su cadena impugnativa.

En sintonía, el consejero Arturo Chávez advirtió que la autoridad electoral administrativa no debe sustituir al legislador creando consecuencias jurídicas o causales de nulidad que el Congreso no plasmó en la ley. Chávez consideró que la propuesta aprobada enfrenta el fenómeno de manera responsable sin incurrir en excesos regulatorios.

Amago de impugnación y choque entre partidos

La resolución desató una tempestad en la mesa del Consejo General. Los representantes de los partidos de oposición (PAN, PRI y Somos) acusaron que la fórmula aprobada “le abre la puerta al fraude”.

Emilio Suárez Licona, del PRI, y Víctor Hugo Sondón, del PAN, anunciaron de inmediato que acudirán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la decisión, bajo el argumento de que el protocolo aprobado debilita las garantías de certeza y convalidará irregularidades graves detectadas en elecciones recientes.

Marco Antonio Baños, representante de Somos, acusó a la mayoría del Consejo de “abdicar a su responsabilidad de dar certeza”, recordando que en la elección judicial de 2025 se tuvieron que anular más de 800 casillas debido, entre otras anomalías, a la aparición masiva de boletas sin marcas de doblez.

En contraparte, los representantes de Morena, encabezados por Guillermo Rafael Santiago y Montserrat Ruiz Páez, rechazaron los señalamientos, acusando a la oposición de montar un “show mediático” ante su falta de propuestas y su marginal simpatía en las encuestas.