Estado de México. - La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que obliga a los proveedores de servicios de internet a contar con una política para terminar el servicio a “usuarios infractores reincidentes”.

La propuesta, conocida como “Ley Antimemes”, fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El término “Ley Antimemes” se relaciona con que un meme puede incorporar fotografías, ilustraciones, videos, personajes u otras obras protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, el proyecto no establece una prohibición general para crear o compartir memes, sino medidas frente a infracciones a derechos de autor cometidas por usuarios de servicios de internet.

El proyecto establece que la política para terminar el servicio a usuarios reincidentes deberá ser pública y formará parte de las condiciones para que los proveedores puedan mantener el régimen de “puerto seguro” frente a contenidos de terceros.

Además, contempla responsabilidad secundaria para los proveedores cuando incumplan esas obligaciones y, al mismo tiempo, contribuyan, induzcan o causen una conducta infractora con conocimiento de ella, o tengan capacidad para controlarla y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado con la infracción.

La reforma no establece una responsabilidad automática por el contenido generado o compartido por los usuarios.

El propio dictamen señala que proporcionar acceso a internet, transmitir información, alojar contenidos o poner herramientas a disposición de los usuarios no será, por sí mismo, motivo de responsabilidad.

Las infracciones previstas en el proyecto podrían derivar en multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) , además de sanciones adicionales cuando persista el incumplimiento.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sería la autoridad encargada de aplicar las sanciones.

El dictamen sostiene que la reforma no implica vigilancia generalizada, monitoreo permanente de los usuarios ni censura previa, y señala que busca establecer obligaciones para los proveedores sin eliminar el régimen de “puerto seguro” para quienes cumplan las condiciones legales.

La iniciativa también plantea armonizar estas disposiciones con obligaciones asumidas por México en el T-MEC y con estándares internacionales sobre protección de derechos de autor en entornos digitales.

Tras la aprobación en comisión, el dictamen deberá continuar su proceso legislativo y ser sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.