Estado de México. - El Gobierno de Baja California marcó distancia de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que Estados Unidos lo incluyera en su lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.

En un posicionamiento difundido por la administración estatal y reproducido porSemanario ZETA, el gobierno estatal señaló que Del Pilar “está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres” y afirmó que el único vínculo que mantienen actualmente es el relacionado con el bienestar de su hijo.

La administración estatal también subrayó que la gobernadora no aparece en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Como parte de la respuesta, Marina del Pilar instruyó a la Oficialía Mayor del estado a revisar si las empresas incluidas en las medidas anunciadas por Estados Unidos tienen o han tenido contratos con el Gobierno de Baja California. En caso de encontrar alguna relación contractual, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.

La administración estatal añadió que la gobernadora no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que sus bienes se encuentran declarados conforme a las disposiciones correspondientes.

Revisión de posibles contratos

La instrucción a la Oficialía Mayor coloca los posibles vínculos contractuales entre las empresas señaladas y la administración estatal como uno de los puntos centrales de la respuesta del gobierno de Baja California.

La revisión busca determinar si alguna de las compañías incluidas en las sanciones de Estados Unidos mantiene o mantuvo relaciones comerciales con el estado. De encontrarse contratos, el gobierno estatal señaló que la documentación será enviada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine lo conducente.

La administración también estableció que las personas señaladas directamente por las autoridades estadounidenses deberán atender su situación ante las instancias correspondientes y que el Gobierno de Baja California “no hablará en su nombre”.

El vínculo con una empresa señalada

El deslinde ocurre después de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones contra Carlos Torres y diversas empresas y personas relacionadas con la estructura que, según el Departamento del Tesoro, habría beneficiado actividades de una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información publicada por ZETA, Marina del Pilar tuvo anteriormente participación accionaria en Vida Orgánica Tijuana, una de las empresas incluidas entre las entidades señaladas por Estados Unidos. El medio reportó que la gobernadora dejó de formar parte de esa sociedad el 10 de septiembre pasado, antes del anuncio de las sanciones.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos implican restricciones sobre los bienes e intereses en bienes que las personas y entidades designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense, además de limitar determinadas operaciones con ellas. Los señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una sentencia penal.

En este contexto, Baja California sostuvo que la situación jurídica y patrimonial de las personas sancionadas deberá ser atendida directamente por ellas ante las autoridades correspondientes, mientras que la administración estatal realizará la revisión anunciada sobre posibles relaciones contractuales.

La postura oficial busca separar a la gobernadora de las personas y empresas incluidas en las medidas de OFAC y, al mismo tiempo, establecer una revisión interna para determinar si alguna de las compañías señaladas tuvo vínculos comerciales con el gobierno estatal.