Estado de México. - El Gobierno de México presentó este miércoles una propuesta para renovar la principal legislación ambiental del país, vigente desde 1988, con nuevas herramientas frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, además de mecanismos de restauración ecológica y mayor participación de las comunidades.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó durante la conferencia de prensa presidencial que la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) busca adaptar el marco jurídico a desafíos que no estaban contemplados cuando se promulgó la legislación actual.

“Necesitamos una nueva ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”, afirmó Bárcena, quien argumentó que “el planeta está enfrentando nuevos desafíos ambientales”, entre los que enumeró “el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos, de las costas”.

La funcionaria recordó que la legislación que se busca actualizar data de 1988, cuatro años antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, que marcó un punto de inflexión en la agenda climática y ambiental internacional.

Restauración y prevención

Entre las principales novedades, Bárcena destacó la incorporación de programas de restauración ecológica, así como conceptos de reparación ambiental que, aseguró, no estaban incluidos en la legislación original.

“La prevención juega un papel muy importante en toda esta ley”, señaló la secretaria, que explicó que el objetivo es priorizar medidas para evitar los daños antes de tener que repararlos.

La propuesta también pretende dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones ante conflictos socioambientales, integrar los avances científicos y tecnológicos y combinarlos con los conocimientos tradicionales.

“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, sostuvo Bárcena.

La reforma contempla además el acceso público a la información y a la justicia ambiental, el ordenamiento territorial, el saneamiento de ríos, la protección de especies y ecosistemas y el impulso de la economía circular para reducir residuos y aumentar el reciclaje.

Bárcena aseguró que el nuevo modelo pretende abandonar una visión del desarrollo centrada exclusivamente en la rentabilidad y vincular crecimiento económico, bienestar y protección de los recursos naturales.

“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó.

La propuesta dedica además un capítulo a la protección de los defensores ambientales, un asunto especialmente relevante en México, considerado durante los últimos años uno de los países más peligrosos para quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

La secretaria indicó que, en lugar de privilegiar un enfoque punitivo, la legislación busca fortalecer la prevención, incluida la realización de evaluaciones ambientales estratégicas antes de desarrollar grandes proyectos.

“El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”, concluyó la jefe de la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.