ROCÍO CASAS 

El promovente del proyecto turístico-residencial de El Saltito desistió de dos trámites federales de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales que contemplaban el desmonte de más de 110 hectáreas de vegetación nativa, mientras que la autoridad municipal determinó la no viabilidad del proyecto.

La información fue dada a conocer este lunes por la coalición ciudadana en defensa de El Saltito, cuyos integrantes señalaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó los desistimientos en respuesta a la opinión técnica presentada por las organizaciones.

Sin embargo, Gabriela Ramírez, integrante de Cómo Vamos La Paz, advirtió que el resultado no implica la cancelación definitiva del desarrollo, debido a que continúan vigentes autorizaciones ambientales otorgadas anteriormente.

“El suelo sigue en manos del promovente con autorizaciones. ¿Qué quiere decir? Que puede volver a meter este cambio de uso de suelo en cualquier momento, cuando decida, porque las autorizaciones ambientales siguen vigentes”, explicó Ramírez.

De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, el predio se encuentra actualmente en manos de un fideicomiso bancario de Banco Ve Por Más, por lo que consideran que los trámites ambientales podrían presentarse nuevamente.

Entregan casi 20 mil firmas a Semarnat

Como parte de las acciones realizadas este lunes frente a las oficinas de Semarnat en La Paz, los colectivos entregaron un oficio acompañado de 19 mil 956 firmas ciudadanas, reunidas durante la campaña contra el proyecto.

Adrián Trasviña, de Vigilantes Peninsulares, explicó que una de las principales solicitudes es modificar la manera en que la autoridad federal analiza los desarrollos previstos para esta zona costera.

“Hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno; a la Semarnat, que evalúe los proyectos de la zona por sus impactos acumulados y no en pedazos; que esa protección sea permanente, sin importar quién gobierne, que revise hoy los permisos otorgados hace más de 15 años”, expresó.

La campaña incluyó además una marcha en la que, según los organizadores, participaron más de mil personas, un conversatorio y una jornada de ciencia ciudadana.

Durante esta última actividad fueron identificadas 41 especies de flora y fauna en aproximadamente tres horas, que se suman a un acervo de 86 especies documentadas en la zona mediante la plataforma iNaturalist.

Advierten presión inmobiliaria sobre la costa

La coalición sostuvo que el conflicto de El Saltito forma parte de una presión inmobiliaria más amplia sobre la franja costera de La Paz.

De acuerdo con los datos presentados por las organizaciones, los proyectos tramitados en esta zona representan alrededor de mil hectáreas, superficie que compararon con más del 12 por ciento de la actual mancha urbana de la capital.

Asimismo, citaron investigaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que documentan al menos 15 megaproyectos turístico-residenciales de más de 50 hectáreas, proyectados desde El Mogote hasta Ensenada de Muertos.

Sobre este modelo de crecimiento, Carlos Mancilla, integrante de BCSicletos, advirtió que los desarrollos inmobiliarios representan también una mayor presión sobre los servicios públicos y recursos disponibles.

“Los proyectos autorizados como el de El Saltito históricamente implican más demanda de agua, energía y servicios en un territorio donde esas necesidades ya existen para la población actual y siguen sin solucionarse”, señaló.

Mancilla sostuvo que la discusión debe ir más allá de determinar cuántos desarrollos pueden construirse.

“La pregunta de fondo no es cuánto desarrollo cabe en La Paz, sino qué desarrollo necesitamos y para quién”, expresó.

Piden comprobar disponibilidad de agua y energía

Al Gobierno de Baja California Sur, las organizaciones solicitaron que la revisión de las reglas de crecimiento anunciada por el Ejecutivo estatal incluya la participación de la sociedad civil y considere también el desarrollo de las zonas costeras.

Entre sus planteamientos destaca que, antes de autorizar nuevos proyectos, las autoridades comprueben la disponibilidad real de agua y energía necesaria para abastecerlos.

Al Ayuntamiento de La Paz solicitaron abrir una revisión participativa del Programa de Desarrollo Urbano y publicar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, con el propósito de establecer mayores controles sobre el crecimiento en las costas.

“Al Ayuntamiento de La Paz le pedimos una revisión participativa del Plan de Desarrollo Urbano y la publicación del Ordenamiento Ecológico Local para que la costa deje de estar disponible para su urbanización sin límites”, señaló Adrián Trasviña, de Vigilantes Peninsulares, durante la lectura del oficio.

Pese al desistimiento de los dos permisos, los colectivos adelantaron que mantendrán las acciones en defensa de El Saltito y buscarán vincularlas con movimientos de otras comunidades de Baja California Sur.

La siguiente movilización está prevista para el 13 de agosto en San José del Cabo, donde habitantes convocaron a una marcha que partirá del Parque Las Palmas.

Para las organizaciones, el resultado obtenido en El Saltito representa un freno temporal al proyecto, pero no elimina la posibilidad de nuevos trámites mientras permanezcan vigentes autorizaciones anteriores y no existan instrumentos que establezcan una protección de largo plazo para esta franja costera.