A casi cinco años de que jubilados y pensionados de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaran públicamente el faltante de recursos de su Caja de Ahorro, el caso entró este martes a una de sus etapas finales con el inicio del juicio oral en La Paz.

Guillermo Aguilar Villavicencio y Jorge Miguel Cota Katzenstein acudieron al Centro de Justicia Penal para atender el llamado de la autoridad y comparecer en calidad de testigos dentro del proceso relacionado con un faltante cercano a los 8 millones de pesos.

Aguilar Villavicencio calificó el caso como uno de los episodios más graves para la organización sindical y aseguró que su participación busca aportar elementos que permitan esclarecer lo sucedido y, principalmente, que jubilados y pensionados recuperen sus recursos.

“Estamos ante la última fase de un proceso vergonzoso para la Sección 3”, expresó.

El exdirigente dejó en claro que su comparecencia es como testigo y no como persona señalada dentro del proceso.

“Esta situación no fue de una persona, esta situación corresponde a varias personas. No es en lo individual, porque aquí para poder hacer lo que se hizo y sacar el dinero del banco, obviamente no lo hizo una sola persona”, sostuvo.

Descapitalización habría ocurrido entre 2012 y 2015

Durante la entrevista, Cota Katzenstein señaló que la descapitalización del fondo se habría producido entre los años 2012 y 2015, periodo que ahora cobra relevancia dentro del proceso que llegó a juicio oral.

Explicó que el fondo operaba mediante las aportaciones de jubilados y pensionados, además de los abonos correspondientes a préstamos otorgados a sus integrantes. Una parte del dinero permanecía como cuenta de inversión y los participantes recibían dividendos al inicio de cada año.

Cota Katzenstein también aportó detalles sobre el mecanismo utilizado para administrar los recursos y explicó que existían firmas registradas ante la institución bancaria para el manejo de las cuentas.

Señaló que cuando participó en la conformación del fondo fueron registradas su firma y la de la maestra Edna Durán. Posteriormente, al realizarse el cambio correspondiente, dichas firmas fueron dadas de baja y se registraron las de quienes asumirían el manejo del fondo.

De acuerdo con su declaración, en aquel momento la administración fue entregada a Guillermo Aguilar Villavicencio y Héctor Hirales.

Cota Katzenstein aseguró que al momento de realizar esa entrega no existía problema financiero con los recursos.

“Ellos recibieron lo que nosotros le entregamos, no hubo absolutamente ningún problema en lo financiero”, manifestó.

Añadió que posteriormente el fondo continuó recibiendo aportaciones y pagos de préstamos, aunque en algún momento dejaron de entregarse los dividendos que recibían los jubilados y pensionados.

Estiman entre 8 y 10 mdp los recursos involucrados

Aunque el juicio oral está relacionado con un faltante cercano a los 8 millones de pesos, Cota Katzenstein señaló que la información manejada respecto al monto involucrado ha fluctuado entre 8 y 10 millones de pesos.

También estimó que el fondo pudo llegar a contar con alrededor de 800 integrantes, aunque aclaró que resulta difícil establecer actualmente una cifra exacta debido al tiempo transcurrido y a los cambios registrados en el número de socios.

Los entrevistados insistieron en que corresponderá al Tribunal establecer qué ocurrió con los recursos y quién o quiénes resultan responsables.

Aguilar Villavicencio señaló además que, aunque entre los afectados se ha utilizado el término “robo” para referirse a la desaparición de sus recursos, considera que jurídicamente los hechos podrían encuadrar en una posible administración fraudulenta, cuestión que deberá ser determinada por la autoridad judicial.

Jubilados siguen esperando recuperar sus ahorros

A casi cinco años de las denuncias públicas sobre el faltante, el reclamo central continúa siendo la recuperación del dinero perteneciente a jubilados y pensionados.

Cota Katzenstein lamentó que durante el tiempo que ha transcurrido algunos de los afectados hayan fallecido sin conocer el desenlace del caso.

“Algunos se nos han adelantado en el camino, quizás se quedaron con la esperanza de recuperar su dinero”, expresó.

Por su parte, Aguilar Villavicencio aseguró que aportarán la información y documentación que esté a su alcance durante el juicio.

“Vamos a poner sobre la mesa todos los argumentos y todos los probatorios que se puedan para que a los compañeros se les regrese su dinero”, afirmó.

Con el inicio del juicio oral, el caso entra en una de las etapas finales del proceso penal después de casi cinco años de reclamos públicos. Ahora corresponderá al Tribunal valorar testimonios y pruebas para determinar responsabilidades por el manejo de los recursos y resolver uno de los conflictos que durante años ha mantenido a jubilados y pensionados del magisterio sudcaliforniano esperando recuperar sus ahorros