Estado de México. - La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca homologar la tipificación de este delito y fortalecer su investigación y sanción en todo el país.

La propuesta busca unificar los criterios con los que las 32 entidades federativas regulan el feminicidio, situación que, según el documento, genera deficiencias en las investigaciones, pérdida de indicios y la posible clasificación errónea de algunos casos como suicidios u homicidios.

La propuesta establece una pena de 50 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

El proyecto contempla 10 razones de género para acreditar el delito

–Violencia sexual: Si La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.

–Lesiones degradantes o infamantes: La víctima presenta lesiones previas o posteriores a la privación de la vida, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento, mutilación, desmembramiento, ataques con ácido o con sustancias químicas, inflamables o corrosivas, así como actos de necrofilia.

–Antecedentes de violencia: Existen antecedentes o datos de cualquier modalidad de violencia ejercida por el agresor contra la víctima, sin importar si ocurrieron en el ámbito público, privado o digital, ni si fueron denunciados previamente.

–Relación previa: Existe o existió entre el agresor y la víctima una relación de pareja, sentimental, afectiva, de confianza, amistad, cuidados, parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.

–Intento de establecer una relación: El agresor pretendió o intentó establecer con la víctima una relación de pareja, sentimental, afectiva, de confianza, amistad, cuidados o noviazgo.

–Privación de la libertad: La víctima fue incomunicada, desaparecida o privada de la libertad antes de su muerte.

-Exposición del cuerpo: El cuerpo o los restos de la víctima fueron expuestos, arrojados, depositados, enterrados o incinerados en un espacio público o de acceso público.

-Asimetría de poder: El delito se comete en un contexto de subordinación o de relaciones de asimetría de poder entre el agresor y la víctima.

-Prejuicios o estereotipos: El crimen está motivado por prejuicios o estereotipos relacionados con la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género o las características sexuales de la víctima.

-Estado de indefensión: La víctima se encontraba en una situación de desprotección real que imposibilitaba, disminuía o inhibía por completo su capacidad de defensa.

Asimismo, prevé 19 circunstancias agravantes que permitirían incrementar la pena hasta en una mitad.

Estas agravantes serían aplicables, por ejemplo, cuando la víctima sea una niña, una persona adulta mayor, una mujer con discapacidad, una periodista, una defensora de derechos humanos o cuando el delito sea cometido por un servidor público.

La iniciativa también propone que la acción penal, las sanciones y la reparación del daño por feminicidio sean imprescriptibles. Además, plantea impedir que las personas sentenciadas accedan a beneficios de preliberación, reducción de condena, amnistías o acuerdos reparatorios, así como establecer consecuencias adicionales, entre ellas la pérdida de la patria potestad y de los derechos sucesorios.

Investigación con perspectiva de género

El proyecto establece que toda muerte violenta de una mujer, incluso cuando inicialmente aparente ser un suicidio o un accidente, deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género.

Asimismo, fija plazos para su implementación en caso de ser aprobada. La Fiscalía General de la República (FGR) dispondría de 180 días hábiles para emitir el Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio, mientras que los congresos estatales tendrían hasta 365 días naturales para armonizar sus respectivas legislaciones.

La iniciativa también incorpora medidas de reparación del daño dirigidas a las víctimas indirectas.

Entre ellas destaca la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, el cual operaría en coordinación con el Sistema Nacional DIF para identificar a los menores afectados y facilitar su acceso prioritario a servicios de salud, atención psicológica, educación y asistencia social.

La propuesta firmada por Sheinbaum dice que esta reforma no implicaría un impacto presupuestario adicional ni será necesaria la creación de nuevas plazas ni de unidades administrativas.