Estado de México. - La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que los audios filtrados de conversaciones que sostuvo con presuntos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses forman parte de una “trampa” que, según su versión, fue organizada por el exgobernador Jaime Bonilla, con quien mantiene diferencias políticas.

Durante una conferencia de prensa en Tijuana, la mandataria rechazó los señalamientos de una supuesta cooperación indebida con agencias de Estados Unidos.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”.

Ávila explicó que, después de hacer públicos los problemas relacionados con su visa, Jaime Bonilla la contactó para ofrecerle una reunión con personas que supuestamente podrían ayudarla a resolver esa situación. Señaló que aceptó el encuentro “de buena fe” y que este se realizó a mediados de diciembre en sus oficinas de Tijuana.

De acuerdo con la gobernadora, durante la reunión esas personas se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses y le plantearon supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero con el propósito de provocar una reacción que, aseguró, fue grabada sin su conocimiento.

“El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”.

Añadió que, durante la conversación, pidió que cualquier asunto de carácter legal fuera revisado por un abogado, quien, según dijo, nunca fue contactado.

Respecto de los audios difundidos, la mandataria aseguró que fueron alterados.

“Es fundamental que la opinión pública sepa que esos audios han sido burdamente manipulados y completamente sacados de contexto. Han cortado y pegado fragmentos a su conveniencia para construir una falsedad”.

La gobernadora atribuyó la difusión del material, al inicio del periodo preelectoral, a un intento de desviar la atención de los procesos penales que, según afirmó, enfrenta Jaime Bonilla por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Indicó que en ese expediente se investigan presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionados con recursos públicos por más de 40 mil millones de pesos.

Finalmente, Ávila informó que analiza las acciones legales que podría emprender por la difusión de los audios.