La Paz, Baja California Sur. – Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, afirmó que esperará conocer a detalle el plan maestro del desarrollo turístico y residencial proyectado en El Saltito antes de fijar una postura sobre una solicitud de cambio de uso de suelo forestal que actualmente analiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuestionado por Diario El Independiente si se sumaría al llamado de organizaciones ciudadanas para que la dependencia federal niegue el permiso, el mandatario estatal respondió que primero deben revisarse las características completas del proyecto y sus posibles efectos ambientales.

“Primero hay que conocer el proyecto, el plan maestro, y creo que para esto la Semarnat lleva a cabo una serie de consultas públicas, como es obligado cuando están este tipo de planteamientos”, expresó durante su conferencia de prensa matutina del pasado 22 de julio.

Castro Cosío no se pronunció directamente a favor o en contra de la autorización solicitada. Señaló que la resolución corresponde a Semarnat y manifestó su confianza en que la dependencia, encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, realizará los estudios necesarios antes de la decisión.

Recordó que la autoridad ambiental federal ha detenido o suspendido proyectos en otras entidades después de recibir señalamientos de la sociedad civil y detectar posibles incumplimientos.

“Yo confío en la secretaria de Medio Ambiente, es una extraordinaria compañera, Alicia Bárcena, y que hagan los estudios correspondientes. Por supuesto, no pretendemos detener el desarrollo, pero si se comprueba que causa daño al medio ambiente, yo no estoy de acuerdo”, sostuvo.

El gobernador agregó que deberá revisarse qué tipo de vegetación sería retirada, la magnitud de la afectación y las medidas planteadas para restaurar o compensar el daño.

“Habría que revisar bien el impacto que tenga en el medio ambiente, qué es lo que van a tumbar, si van a reponer o no”, comentó.

Como ejemplo, mencionó las medidas de compensación aplicadas durante la ampliación de la carretera a Pichilingue, donde fue necesario realizar trabajos de restauración por la intervención de una superficie cercana a una zona de manglar.

·        El proyecto en evaluación

Semarnat analiza el trámite denominado “El Saltito Segunda Etapa”, registrado con la bitácora 03/DS-0011/03/26 y promovido por Banco Ve Por Más, S.A., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 1,157.

La solicitud busca obtener autorización para retirar vegetación forestal de 109.622 hectáreas. De esa superficie, 58.745 hectáreas serían destinadas a lotes residenciales; 16.669 a una parte del campo de golf; 13.134 a cuerpos de agua artificiales y el resto a vialidades, infraestructura, áreas comunes, un hotel y un club de playa.

Organizaciones ciudadanas que revisaron el estudio técnico estiman que dentro del polígono existen alrededor de 17 mil 400 cardones y 880 biznagas, esta última considerada una especie amenazada. También cuestionan que el impacto sea clasificado como “bajo” mediante su comparación con un área de influencia 113 veces mayor, pese a que se removería casi toda la vegetación de un sitio descrito en el propio documento con un estado de conservación “alto”.

El trámite corresponde a una etapa vinculada con un desarrollo de mayor extensión. Como antecedente, una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada de manera condicionada en 2009 describió un proyecto de aproximadamente 709 hectáreas, con 559 lotes, un campo de golf de 18 hoyos, hotel, club ecuestre, clubes de playa y dos plantas desaladoras.

El permiso para retirar la vegetación todavía no ha sido autorizado. Conforme a la legislación forestal, Semarnat deberá determinar si el proyecto permite mantener la biodiversidad y mitigar los efectos sobre el suelo, el almacenamiento de carbono, la calidad del agua y su capacidad de captación.

Las objeciones fueron presentadas por una coalición integrada por BCSicletos, Es Mi Playa, Mi Barrio, CERCA BCS, el Colaboratorio de Ciencias Sociales para la Sustentabilidad de la UABCS, Cómo Vamos La Paz, Contener La Paz, Inga, la Iniciativa por los Mares y las Costas de México y Ponguinguiola. Las agrupaciones solicitaron negar el permiso y anunciaron una campaña en change.org que acumula al cierre de esta edición más de 7 mil 600 firmas en contra del desarrollo.