Estado de México. - El senador morenista Enrique Inzunza aseguró que permanecerá en el cargo hasta la expiración de su mandato, en 2030, a pesar de que EU reclama su detención urgente al acusarlo de vínculos con el narcotráfico y de posesión de armas.

“Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700,000 sinaloenses (…) Esa es la responsabilidad que me otorgaron los sinaloenses y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, publicó el político en su cuenta de X.

El mensaje se produce en medio de crecientes rumores de que podría renunciar a su cargo en la Cámara alta por la acusación del Departamento de Justicia que pesa en su contra, algo que el senador descartó de forma rotunda al defender su inocencia.

Inzunza es uno de los 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ambos con licencia, que Washington acusa de “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos”.

En concreto, les señalan de colaborar con la facción de Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo del narcotráfico Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En su mensaje en X, Inzunza destacó la “veracidad de mi vida al servicio de las instituciones” y remarcó que su causa será “proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México” desde el Senado.

“Siempre recto, nunca enderezado”, concluyó el político.

Al igual que otros funcionarios acusados por EU, el senador por Sinaloa pidió a finales de mayo una licencia temporal de dos días del cargo, una decisión que justificó en la “embestida mediática” desplegada por “medios de la derecha”.

No obstante, Inzunza regresó a su puesto tras el plazo estipulado.

Sobre este caso, la presidenta Sheinbaum explicó esta misma semana que no existe un plazo para que Washington presente pruebas contra los políticos, cuya detención reclama con fines de extradición, al tiempo que volvió a defender la negativa de su Gobierno a aceptar esta solicitud por la falta de evidencias presentadas en la solicitud inicial.