La Paz, Baja California Sur.- Entre aplausos de maestras y maestros movilizados en el Congreso del Estado, el pleno aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a iniciar los trabajos necesarios que permitan eliminar el sistema de cuentas individuales del ISSSTE y cambiar nuevamente a un modelo solidario de pensiones.

La propuesta, presentada por los diputados Martín Escogido Flores y Lourdes Cornejo Rendón, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, obtuvo el respaldo de los 19 legisladores presentes durante la sesión ordinaria celebrada este martes.

Aunque el resultado fue unánime, la discusión estuvo marcada por señalamientos entre legisladores de oposición y representantes de los partidos que integran la mayoría legislativa, quienes intercambiaron responsabilidades sobre la reforma a la Ley del ISSSTE aprobada en 2007.

·        ¿Qué dice el punto de acuerdo?

El punto de acuerdo aprobado solicita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruir a las dependencias federales competentes para desarrollar estudios técnicos, financieros, actuariales y administrativos que permitan construir una propuesta integral para sustituir el actual esquema de cuentas individuales por un régimen solidario de pensiones.

Asimismo, plantea revisar la tabla de edades para jubilación establecida en la reforma de 2007, analizar la posibilidad de homologar el tope pensionario hasta 25 unidades de medida y actualización (UMA) y garantizar la participación de organizaciones sindicales en cualquier proceso de reforma.

El diputado Martín Escogido argumentó que la reforma impulsada en 2007 sustituyó un sistema basado en la solidaridad social por uno que dejó las pensiones sujetas al ahorro individual y al comportamiento de los mercados financieros, situación que, sostuvo, ha generado incertidumbre entre los trabajadores al servicio del Estado.

·        Oposición se mostró a favor de los maestros

La discusión subió de tono cuando legisladores de oposición manifestaron su respaldo al exhorto, pero cuestionaron que el Gobierno Federal y la mayoría legislativa federal no hayan concretado los cambios prometidos durante los últimos años.

Los diputados Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) y Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) subieron a tribuna y señalaron que Morena y sus aliados cuentan con mayoría suficiente en el Congreso de la Unión para modificar la legislación, por lo que consideraron insuficiente continuar responsabilizando exclusivamente a gobiernos anteriores por el actual modelo pensionario.

La respuesta llegó desde las bancadas afines a la Cuarta Transformación. La diputada Guadalupe Vázquez Cisneros recordó que fueron PRI y PAN quienes aprobaron la reforma de 2007 y acusó a la oposición de intentar deslindarse de una decisión que, afirmó, condenó a miles de trabajadores a recibir pensiones reducidas.

En el debate también participaron representantes del Partido del Trabajo (PT) y Morena, quienes respaldaron el exhorto y coincidieron en la necesidad de abrir una discusión nacional sobre el futuro del sistema pensionario y las condiciones de retiro de trabajadores de la educación, personal de salud y burócratas.

·        Voto por unanimidad

A pesar de las diferencias expresadas desde la tribuna, ninguna fuerza política votó en contra.

Al momento de la votación económica, los 19 diputados presentes levantaron la mano a favor de la propuesta, lo que provocó una inmediata reacción de los docentes que seguían la sesión desde las galerías del recinto legislativo. Los aplausos y expresiones de respaldo resonaron en el salón de sesiones tras declararse aprobado el exhorto.

La aprobación ocurre en medio de las movilizaciones que desde hace semanas mantienen trabajadores de la educación en Baja California Sur, quienes además de exigir la desaparición del sistema de cuentas individuales demandan mejoras en las condiciones laborales, solución al problema del doble patrón, basificación de plazas y una reforma integral al sistema de pensiones del ISSSTE.

Aunque el punto de acuerdo no modifica por sí mismo la legislación federal, sí representa un posicionamiento político unánime del Congreso sudcaliforniano a favor de una de las principales demandas del movimiento magisterial que actualmente se mantiene activo en la entidad.