Estado de México. - En México, apenas el 21.4% de los elementos policiales en los ámbitos estatal y municipal cuenta con un paquete completo de prestaciones laborales, de acuerdo con el informe “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral” elaborado por México Evalúa.

En el informe se advierte que la mayoría de los cuerpos de seguridad opera en condiciones de precariedad estructural.

Además, el documento señala que, aunque la legislación mexicana reconoce derechos laborales básicos para los policías, en la práctica estos no se garantizan.

 “La realidad es mucho más desalentadora para la mayoría de policías municipales, pues les conceden pocas prestaciones laborales, incumpliendo directamente los compromisos constitucionales que tienen con ellos”, expone el informe.

Asimismo, la organización subraya que el acceso a la seguridad social es limitado y desigual en el país, ya que “solo entre 19% y 52.5% de los elementos tiene acceso a un régimen formal de seguridad social”, mientras que prestaciones como vivienda o esquemas complementarios siguen siendo prácticamente inexistentes para la mayoría.

En este sentido, México Evalúa advierte que la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la realidad se ha convertido en un problema estructural.

“Tener por escrito el derecho a recibir una prestación laboral en leyes, reglamentos o contratos es un aspecto necesario; sin embargo, eso no implica que esos beneficios se otorguen efectivamente.”

Asimismo, el estudio también enfatiza que la falta de financiamiento claro agrava el problema porque “las políticas públicas sin fuentes de financiamiento sólo son buenos deseos”.

Con ello se refiere a la ausencia de mecanismos presupuestales que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales policiales.

Además, la organización explica que la dispersión normativa entre niveles de gobierno complica aún más el acceso a prestaciones, pues coexisten leyes federales, reglamentos locales y contratos individuales que no siempre son armonizados ni supervisados de manera efectiva.

Ante ello, México Evalúa propone la creación de un estándar nacional de condiciones laborales y rutas de financiamiento específicas para revertir el rezago.

Sin embargo, advierte que, sin recursos etiquetados y reglas claras de implementación, las condiciones laborales de los policías seguirán dependiendo de la capacidad financiera de cada municipio.

De esta forma, el informe concluye que la precariedad laboral en las corporaciones policiales no solo es un problema administrativo, sino un factor que impacta directamente en la seguridad pública, en un contexto donde las instituciones locales siguen siendo una pieza clave frente a la violencia en el país.