Estado de México. - El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez, anunció este lunes 4 de mayo la presentación de un punto de acuerdo legislativo para exigir al gobierno federal cumplir el tratado de extradición con Estados Unidos y así extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de narcotráfico.

Como parte del punto de acuerdo, se solicita formalmente que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez -quien figura en la lista de diez funcionarios señalados por el DOJ- se separe de su cargo. Vázquez argumentó que esta medida es indispensable para garantizar que las investigaciones se realicen sin el amparo del fuero constitucional.

El legislador también adelantó que el punto de acuerdo incluye un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que evalúe la cancelación del registro de Morena como partido político, alegando la existencia de presuntas evidencias sobre la recepción de recursos ilícitos en procesos electorales y vínculos de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales.

“Cuando está el crimen organizado gobernando, no hay democracia. Cuando gobierna el crimen organizado, las instituciones de este país se ponen en tela de juicio y cuando hay tantos señalamientos en contra del régimen morenista en diversas partes del país lo que tenemos es una ‘narcocracia‘, no una democracia”, afirmó Vázquez.

El pasado viernes, Rubén Rocha Moya anunció su solicitud de licencia temporal para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie sus propias investigaciones derivadas de la acusación formal hecha por EE.UU. En su lugar quedó Yeraldine Bonilla.

En medio del sismo político entre ambos países, el gobernador de Morena reiteró que las imputaciones en su contra son “falsas y dolosas acusaciones”.

Por su parte, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez rechazó solicitar licencia como legislador y aseguró que permanecerá en su cargo pese a los señalamientos provenientes de Estados Unidos, los cuales calificó como “falsedades” y “calumnias”.

El miércoles 29 de abril, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación de cinco cargos contra el gobernador y 9 funcionarios en activo y retirados del estado, a quienes señala de haber puesto las instituciones al servicio de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Los acusados incluyen a: Rubén Rocha Moya; al senador y exsecretario general Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito; al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.