La Paz, Baja California Sur. - La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez (MORENA) presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Atención Prioritaria en Emergencias para Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, una herramienta pensada para que la protección civil no llegue tarde a los hogares donde hay personas que no pueden evacuar por sus propios medios.

La propuesta reforma las leyes estatales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con el objetivo de que las autoridades cuenten con información previa y útil para actuar en temporadas ciclónicas, inundaciones, incendios, sismos o cualquier situación de riesgo.

“En una emergencia, no todas las personas parten de las mismas condiciones: hay quienes requieren silla de ruedas, oxígeno, medicamentos, intérprete, acompañamiento, transporte especial o apoyo para salir de zonas de peligro”, reparó la legisladora.

El registro sería voluntario, con consentimiento informado y bajo reglas de confidencialidad. Su uso quedaría limitado a fines de prevención, evacuación, auxilio, traslado, ubicación, refugio temporal y atención durante emergencias o desastres.

Establece además que los refugios temporales avancen hacia condiciones de accesibilidad, comunicación incluyente y atención adecuada para personas de atención prioritaria.

La iniciativa también propone que Protección Civil realice barridos prioritarios de evacuación y auxilio para personas con discapacidad, adultas mayores, personas postradas, con movilidad reducida, aisladas o sin red de apoyo inmediata.

Incorpora la participación del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la subsecretaría y direcciones municipales de Protección Civil, los sistemas estatales y municipales DIF, autoridades de salud, ayuntamientos, delegaciones, subdelegaciones, comités vecinales y grupos voluntarios registrados.

La diputada señaló que el propósito no es crear un padrón burocrático, sino una herramienta que permita salvar vidas. Saber con anticipación dónde vive una persona que necesita ayuda, qué tipo de apoyo requiere y cómo puede ser trasladada, puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una tragedia.

De aprobarse, las autoridades tendrían un plazo de 180 días para emitir los lineamientos de integración, actualización, resguardo, acceso restringido y uso operativo del registro.

Fue turnada a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad y de Protección Civil.