Estado de México. - El 37.7 por ciento de empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha pagado extorsión a quienes se ostentan como funcionarios públicos, afirmó el presidente del organismo.

“El 37.7 por ciento -de ese 100 por ciento de empresas que fue extorsionado- realizó un tipo de pago, es decir, sí procedió el tema de la extorsión”, declaró en la presentación de los resultados del Indicador de extorsión del primer trimestre de 2026.

Según el dirigente empresarial, la encuesta levantada entre sus socios no consideró los montos de la extorsión pagada a las autoridades y al crimen organizado por discreción.

“Hay quejas de empresarios en algunas ciudades y en algunos estados, pero tampoco aportan específicamente el monto de los pagos de la extorsión a las autoridades y al crimen”, agregó.

Recordó que municipios y estados “se ponen muy creativos” cuando empiezan a preparar los presupuestos de cara al siguiente año, ya que “anuncian algún tipo de iniciativa de ley para cobrar impuestos ambientales”.

“No hay una homologación en todos los estados de los impuestos ambientales, porque hay una interpretación muy diferente de un municipio, inclusive de un Estado a otro”, recordó.

“La generación de los impuestos ambientales, que hacen falta homologarlos, son tomados por alguna representante o haciéndose valer como representante de la autoridad para extorsionar a los empresarios, en aras de hacer cumplir este tipo de nuevas leyes o nuevas iniciativas”, manifestó.

Apuntó que la extorsión “tiene de rodillas” a miles de empresarios y que mata a las MiPyME.

“No solo mata a la MiPyME, sino que trae como consecuencia la pérdida del patrimonio de esas familias, de esos jóvenes y de esas madres solteras que sostienen esos emprendimientos y que sostienen muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas en el país”, expresó.

Destaca subregistro de extorsiones 

Cuando se habla de extorsión en México, los datos oficiales apenas muestran una parte del problema, refirió Juan José Sierra Álvarez.

“De acuerdo con el Inegi, el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian o no deriva en una carpeta de investigación. Esto significa que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo reflejan únicamente el 3 por ciento de lo que realmente ocurre todos los días en el país”, declaró.

Atrás de cada caso registrado de extorsión, existen decenas de víctimas que nunca denuncian, y no denuncian por dos razones “por miedo a represalias y por falta de confianza en la autoridad”.

El 97 por ciento de la cifra oculta “nos impide ver la magnitud del problema y qué significa la extorsión en nuestro país”.

Y aún con ese enorme subregistro, las cifras oficiales siguen siendo alarmantes: “Entre enero y marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión”. 

 “Aunque existe una reducción marginal de 3.73 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, seguimos frente al segundo nivel más alto de víctimas de extorsión de los últimos 11 años”, expresó.

“Todo esto tiene consecuencias devastadoras para las personas y para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo formal y la economía local de México”, aseveró.