La Paz, Baja California Sur. - El Pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN), que exhorta a los cinco ayuntamientos de la entidad a llevar a cabo un proceso amplio de revisión y actualización de sus bandos, reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas de observancia general.

La legisladora señaló que recientes acontecimientos relacionados con el comercio en la vía pública en el municipio de La Paz evidenciaron la necesidad de actualizar los reglamentos municipales, algunos de los cuales continúan vigentes desde hace varias décadas y no responden a las condiciones sociales, jurídicas y administrativas actuales.

Destacó que una revisión a los portales de transparencia de los municipios sudcalifornianos permitió advertir rezagos importantes en materia reglamentaria, así como la existencia de normativas obsoletas o desactualizadas en rubros fundamentales como comercio en vía pública, transparencia, imagen urbana, administración municipal, agua potable y manejo de residuos.

El punto de acuerdo aprobado exhorta a los cinco ayuntamientos de la entidad a realizar una actualización integral de          su marco reglamentario, tomando en consideración la participación ciudadana, asimismo, les solicitó mantener actualizada la publicación de sus reglamentos vigentes en sus portales oficiales para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La diputada expuso que tanto la Constitución general como la estatal otorgan a los ayuntamientos la facultad y obligación de aprobar y mantener actualizados sus bandos de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas, a fin de regular adecuadamente los servicios públicos y garantizar certeza jurídica a la ciudadanía.

Las y los legisladores coincidieron en que la actualización normativa municipal es indispensable para fortalecer la legalidad, mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar que las actuaciones de las autoridades se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso.