• El partido advierte que minimizar una acusación formal internacional envía un mensaje grave frente a posibles vínculos entre poder público y crimen organizado.
La Paz, Baja California Sur. –
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur (BCS) fijó una postura
firme frente a las declaraciones del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al
señalar que su posicionamiento en torno al caso del gobernador de Sinaloa Rubén
Rocha Moya es irresponsable frente a la gravedad de los señalamientos.
El presidente estatal del PAN,
Rigo Mares, advirtió que, ante una acusación formal presentada en Estados
Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, la respuesta de un jefe
de Ejecutivo no puede ser la descalificación ni la minimización del caso.
“No estamos frente a opiniones
ni versiones. Estamos frente a una acusación judicial formal de carácter
internacional que debe asumirse con seriedad y responsabilidad”, señaló.
Mares sostuvo que reducir una
acusación de esta magnitud a una “intriga” o “calumnia” no sólo es
irresponsable, sino que normaliza algo inaceptable: la posibilidad de vínculos
entre el poder público y el crimen organizado.
“Minimizar una acusación
judicial internacional no es un acto de prudencia política, es una forma de
encubrimiento discursivo frente a hechos que deben esclarecerse con toda
seriedad”, afirmó.
El dirigente estatal subrayó
que este tipo de posicionamientos desvían la atención de la gravedad del caso y
envían un mensaje preocupante: que, frente a señalamientos de esta magnitud, el
poder puede optar por relativizar en lugar de exigir cuentas.
“Cuando se reduce una
acusación formal a una ‘intriga’, se le resta peso a un señalamiento que
involucra instituciones completas. Y eso debilita la confianza pública y abona
a la impunidad”, agregó.
El PAN BCS respaldó la postura
del Comité Ejecutivo Nacional al reiterar que la licencia de Rocha Moya no
resuelve la crisis de fondo, al tratarse de una acusación que involucra a
múltiples funcionarios y áreas estratégicas del poder público.
“No se trata de un caso
aislado. Se trata de una acusación que apunta a una posible captura de
instituciones. Y frente a eso, la respuesta no puede ser minimizar ni cerrar
filas”, enfatizó.
Finalmente, el dirigente hizo
un llamado a que las autoridades actúen con responsabilidad, transparencia y
firmeza ante una situación que, advirtió, exige investigación a fondo y
rendición de cuentas.
“México no puede permitirse
que, ante señalamientos de esta gravedad, la respuesta sea relativizar o
descalificar. La ley debe aplicarse con rigor y sin excepciones”, concluyó.