Estado de México. - La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a nueve servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Guardia Nacional (GN), así como del IMSS, Sepomex, DIF Nacional y ASIPONA Manzanillo por diversas irregularidades administrativas.

De acuerdo con el comunicado 054 emitido este 24 de mayo, las sanciones fueron impuestas a través de las Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control de las distintas dependencias federales.

En el caso de Pemex, la dependencia aplicó la destitución e inhabilitación por un año contra José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, “por no atender una demanda laboral”.

En la Guardia Nacional fueron suspendidos por 30 días José V., subagente, así como Miguel O. y Yuri S., guardias, debido a que presentaron certificados “carentes de validez”.

La Secretaría también informó que Magdalena R., auxiliar postal de Sepomex, recibió una suspensión de 30 días por “incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana”.

En la CFE, Ruth M., oficinista comercial, fue suspendida durante tres días por generar contrataciones de suministro eléctrico incumpliendo lineamientos aplicables.

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó una amonestación pública contra Fernando C., médico familiar de una Unidad Médica de Alta Especialidad, por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Asimismo, Rebeca A., subdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), recibió una amonestación pública por omitir información relacionada con expedientes en proceso de atención durante su entrega-recepción.

En ASIPONA Manzanillo, Andrea L., jefa de departamento, fue sancionada con una amonestación privada por no elaborar bases de licitación con información soporte requerida por la normativa.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública”, indicó la dependencia federal.

La institución agregó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y señaló que defenderá los procedimientos “apegados a derecho, respaldados en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.