• “… emitir una normativa con rango de ley conllevará un servicio eficiente, y en consecuencia dotará de certidumbre jurídica a la institución registral en pro del combate a la corrupción”, Diputado Venustiano Pérez.
La Paz, Baja California Sur. -
Con la finalidad de contar con una ley de vanguardia que contribuya con los
objetivos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en nuestro Estado,
que pueda brindar un mejor servicio y mayor certeza jurídica a la sociedad, el
diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó iniciativa con proyecto de decreto
que expide la Ley Registral para el Estado de Baja California Sur (BCS).
En tribuna, el legislador
precisó que el fin es homologar los lineamientos de carácter general contenidos
en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 14
de enero de 2016, toda vez que, a más de diez años de su vigencia, el mismo se
encuentra rebasado ante los avances de diversas instituciones vinculadas con el
derecho registral y la propia actividad inmobiliaria.
A lo anterior, se suman los
avances en los medios de comunicación remotos y nuevas tecnologías de la
información, que hacen impostergable emitir una normativa con rango de ley cuyo
objeto sea el de solventar las lagunas legales existentes en materia registral,
prever de manera clara, amplia y especifica los procesos registrales,
modernizar y otorgar transparencia a los procesos registrales, lo que
conllevará a un servicio eficiente, y en consecuencia dotar de certidumbre
jurídica a la institución registral en pro del combate a la corrupción.
Pérez Sánchez precisó que
consolidar un instrumento jurídico resultará beneficiosa para la población en
general, ya que con la aplicación del mismo se podrá agilizar y eficientar la
capacidad de la respuesta institucional, mediante la automatización de sistemas
informáticos y el uso de tecnologías de vanguardia en los procesos registrales,
como la firma electrónica, que garanticen la seguridad jurídica de los usuarios
de los servicios que se prestan en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y
dictaminación.