Estado de México. - Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum contrataron la mitad de la deuda de México, ya que han pedido 11.3 billones de pesos a la banca comercial y otras instituciones financieras para sostener el gasto público, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Durante los últimos 7 años (incluyendo 2027), la deuda acumulada fue de 11.3 billones de pesos, monto que supera los 10.8 billones del saldo histórico acumulado hasta 2018”, declaró el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Agregó que la necesidad de mayores recursos con fuentes de ingresos limitadas aumentará los niveles de deuda, como lo proponen los Pre-Criterios Generales de Política Económica por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el ente privado encargado de analizar la economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de deuda, sea del 55 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2027.

“En términos absolutos, (la deuda del gobierno de México será de) 21.8 billones de pesos. Esto significa que tan solo en 2027 la deuda habrá aumentado en 1.6 billones de pesos y 4.4 billones en los primeros tres años de este gobierno”, advirtió.

La primera aproximación del Presupuesto 2027 plantea acciones para lograr la consolidación fiscal, pero “refleja las carencias del gobierno para cumplir plenamente con las necesidades que tiene el país”, dijo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que en 2027 la economía tendrá un mayor dinamismo, de tal manera que “esto permitirá que los ingresos tributarios aumenten en 2.1 por ciento, aunque estos se verán compensados por la caída en 23.8 por ciento en los ingresos petroleros”.

“Esto significa que los ingresos totales tendrán una caída de 1.4 por ciento, reflejando la necesidad de obtener recursos adicionales para el sector público”, detalló el CEESP.

En 2027, la recaudación tributaria mejorará por un crecimiento de la economía mexicana, pero responderá a una mayor actividad y fiscalización del sistema tributario, como se ha visto en los últimos años, puntualizó el órgano.

“La capacidad de contribución de empresas y familias se debilita ante la falta de crecimiento económico, es decir, la capacidad del aparato productivo no mejora y las contribuciones fiscales limitan su aportación al erario público, lo que a final de cuentas eleva la incertidumbre e inhibe la inversión”, agregó.

Para 2027, en busca de la consolidación fiscal, se planea una reducción de 3.2 por ciento en el gasto total, lo que permitiría un déficit menor, pronosticó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

“El problema radica en el hecho de que habrá que generar ajustes a diversos rubros del gasto para cumplir cabalmente con este objetivo, lo que será complicado si se quiere mantener sin cambio los programas prioritarios del gobierno, que suman aproximadamente 2.8 billones de pesos, casi el 30 por ciento del total del gasto público”, consideró.

Las autoridades al mando de Claudia Sheinbaum Pardo requieren de fuentes adicionales de recursos, luego de que en la administración de Andrés Manuel López Obrador usó de fideicomisos y fondos públicos y después se eliminaron organismos autónomos que servían de contrapeso, añadió.

Mientras los costos fiscales tanto para personas físicas y morales, se eleven, así como los costos laborales, indicó, la posibilidad de una mejor distribución del ingreso y crecimiento de la economía formal seguirá limitada.

El CEESP enfatizó que es importante la asignación eficiente del gasto público, especialmente en cuanto a los recursos para inversión productiva, que es un elemento fundamental para mejorar la competitividad de nuestra economía.

“Hay que considerar que una mayor eficiencia y control del gasto, sin duda, controlará la necesidad de recursos”, manifestó.

Se ha insistido en reducir los niveles de deuda del sector público,para mantener el equilibrio fiscal de largo plazo y por la preocupación de cuidar el comportamiento de la inflación y, por ende, del poder adquisitivo, expresó el CEESP.