La Paz, Baja California Sur.- La eventual aprobación del llamado “Plan B” en materia presupuestal podría significar una reducción superior al 50 por ciento en los recursos del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), lo que obligaría a realizar ajustes que incluso podrían derivar en despidos de personal, advirtió el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Mesa Directiva del actual periodo ordinario de sesiones.

El legislador explicó, mediante entrevista con Diario El Independiente que, aunque la reforma ya fue aprobada en el Senado, aún debe ser discutida y votada en la Cámara de Diputados, proceso que podría llevarse a cabo en los próximos días. En ese sentido, señaló que el Congreso local se mantiene a la espera de la resolución final para definir el alcance de los ajustes.

Escogido Flores consideró “parcialmente incorrecta” la percepción de que el presupuesto del Congreso, superior a los 300 millones de pesos, se destina directamente a los diputados, al precisar que dicho recurso cubre la operación integral del Poder Legislativo, incluyendo a más de 300 trabajadores.

Detalló que, ante el posible recorte, ya se han iniciado análisis internos y acercamientos con base en la propuesta federal, incluso comparando el impacto en al menos 12 congresos estatales donde el ajuste rebasa los porcentajes actualmente planteados.

“Sí prevemos que habrá recortes y afectaciones. Estamos en un proceso de revisión para identificar en qué rubros se pueden hacer los ajustes necesarios, procurando el menor impacto posible”, expresó.

El diputado adelantó que se contempla la instalación de una mesa técnica integrada por legisladores y personal del área financiera, con el objetivo de analizar a detalle las implicaciones de la reforma y definir las medidas a implementar.

En este contexto, no descartó que los recortes puedan concentrarse en el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, lo que implicaría la posible rescisión de contratos laborales. No obstante, aseguró que cualquier decisión se tomará dentro del marco legal, garantizando los derechos de los trabajadores.

“Si se llegara a ese escenario, se cumpliría con lo que marca la ley. La afectación sería únicamente en caso de no cubrirse legalmente los despidos, pero no es lo que se pretende”, puntualizó.

Finalmente, reconoció que los congresos han enfrentado históricamente problemas de sobregasto, particularmente en nómina, donde —dijo— se han registrado incrementos salariales discrecionales en administraciones anteriores. Por ello, consideró que la reforma busca corregir estas distorsiones a nivel nacional.

“El objetivo es ordenar el gasto y eliminar excesos. Si se detectan áreas con sobrecostos, se tendrán que tomar decisiones responsables”, concluyó.