Estado de México. - El Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma electoral conocida como “Plan B”, luego de que la Cámara de Diputados emitió la declaratoria correspondiente y la remitió al Senado, que hizo lo propio y ordenó su envío al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Cámara de Diputados informó que, tras el cómputo de votos de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, se alcanzó el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se cumplió el requisito constitucional de tener al menos el aval de 17 legislaturas para validar la reforma.

Las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México avalaron la reforma.

Posteriormente, el Senado de la República recibió el expediente remitido por la Cámara de Diputados y emitió la declaratoria de aprobación de la reforma. “Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva.

También fija que los congresos locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad, y dispone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán superar el límite constitucional ni incluir prestaciones adicionales como seguros privados o esquemas especiales de retiro con recursos públicos.

El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. Asimismo, se prevé una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República de hasta 15% en un plazo de cuatro años, sin afectar derechos laborales.

Además, los organismos electorales deberán ajustar sus disposiciones administrativas y presupuestarias, mientras que los ahorros generados por las reducciones deberán destinarse a infraestructura pública. Las entidades que ya se encuentren por debajo del límite presupuestal no podrán incrementarlo en términos reales.

Durante la madrugada del pasado 9 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en medio de críticas de la oposición que cuestionó su alcance y motivaciones. El Senado aprobó el dictamen el pasado 26 de marzo, cuando eliminó los cambios planteados por la presidenta a la consulta de revocación de mandato, por lo que si ésta se realiza será en 2028 y no en 2027 como pretendía el oficialismo.