La Paz, Baja California Sur. - “No se busca prejuzgar ningún tipo de irregularidad, por el contrario, la finalidad es que la protección de los datos personales sea real, tangible, específica y legal […]”, afirmó en tribuna el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, al proponer un Punto de Acuerdo mediante el cual el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lleve a cabo acciones para que el contrato de adhesión de compañías de telecomunicaciones en BCS como Telcel, AT&T, Movistar, BAIT, entre otras, cumplan cabalmente con lo establecido en la propia Ley Federal de Protección al Consumidor.

Agundez Cervantes explicó que lo anterior atiende al mecanismo mediante el cual las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, como de telefonía celular, les exigen a usuarios capturar datos personales y biométricos a cambio de la prestación del servicio, considerando el acto como un aspecto delicado dentro de los contratos de adhesión, lo que ha provocado incertidumbre dentro de la ciudadanía, ya que está estrictamente relacionado con el consentimiento otorgado por parte de usuarios para el tratamiento de sus datos personales.

El promovente precisó que si bien las compañías de telecomunicaciones forman parte esencial de la vida, no solo por su capacidad de cerrar la brecha digital y fomentar sociedades del conocimiento, sino también por la contribución a la inclusión e interacción social, es necesario que la PROFECO garantice la protección de los datos personales a fin de evitar un daño o riesgo a la seguridad física o moral por medio de diversas prácticas como el robo de identidad, o que terceros hagan mal uso de fotografías, correos o mensaje, etc., sin la autorización del legítimo dueño.

El legislador precisó que el hecho de ceder información personal a las compañías que prestan los servicios de telecomunicaciones y de telefonía celular, implica que comparta con bancos, comercios, negocios, ventas, tarjetas de crédito, préstamos y anuncios, ejercicio que se encuentra prohibido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la propia Ley General de Protección de Datos Personales. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos.