La Paz, Baja California Sur. - El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de Baja California Sur, con el objetivo de continuar la armonización legislativa con la reforma al Poder Judicial de la Federación publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta también plantea modificar diversos artículos transitorios del Decreto 3140, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se realizaron adecuaciones constitucionales en la entidad para alinearse con la reforma judicial federal.

El legislador explicó que la iniciativa deriva de un trabajo interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, a partir de un análisis conjunto para revisar y ajustar algunos aspectos de la reforma constitucional previamente aprobada, considerando las particularidades laborales, territoriales, poblacionales e institucionales de Baja California Sur.

Entre los principales planteamientos se propone que el Tribunal Superior de Justicia funcione mediante Salas Unitarias Especializadas por Materia, con el objetivo de fortalecer su operatividad y agilizar la impartición de justicia.

Asimismo, se establece que cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial posibles faltas administrativas o penales cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también señala que ninguna persona servidora pública del Poder Judicial podrá percibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República, en apego a lo dispuesto en la reforma constitucional federal.

De igual forma, se considera la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo máximo de entrada en vigor en las entidades federativas es el 1 de abril de 2027.

En este contexto, se prevé que, por única ocasión, el Consejo de la Judicatura del Estado pueda designar juezas y jueces en materia de oralidad civil y familiar, quienes permanecerán en el cargo hasta que su elección se realice mediante voto popular en el proceso electoral ordinario de 2027.

La iniciativa también incorpora adecuaciones en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de género, con el objetivo de armonizar el texto constitucional con los principios de igualdad.

Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y dictaminación.