La Paz, Baja California Sur. - El Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, y a la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer el control del gasto público y combatir el crecimiento desmedido de las nóminas en instituciones públicas estatales y municipales.

La iniciativa, presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, plantea considera como falta administrativa grave cuando un servidor público autorice la contratación de personal sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, y que dicha decisión genere un perjuicio o quebranto económico a la institución, adicionando un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, así como un segundo párrafo al inciso C) de la fracción IV del artículo 51 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

La reforma permitirá que los órganos internos de control y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado conozcan y sancionen este tipo de conductas, que afectan la estabilidad financiera de los entes públicos.

En el caso de los ayuntamientos, solo se armoniza una disposición ya vigente en la norma federal y, en el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas, solo se eleva el rango de una responsabilidad, contemplándola como grave, teniendo en cuenta, además, que el fin de ambas disposiciones es precisamente llevar un ejercicio de los recursos públicos con mayor apego a la norma que rige su aplicación.

Pérez Sánchez expresó que la legislación en la materia establecerá que los ayuntamientos, a partir de la presente reforma, deban realizar las proyecciones de recursos destinados a servicios personales con estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En la discusión del tema, el diputado Venustiano Pérez Sánchez hizo un llamado a respaldar su propuesta para frenar la discrecionalidad en la contratación de personal en las instituciones públicas.

Señaló que la falta de control y de sanciones ha generado sobrecarga en nóminas y afectaciones financieras, especialmente en ayuntamientos, dificultando el cumplimiento de obligaciones laborales; destacó que la reforma busca fortalecer el orden financiero en Baja California Sur.

Por su parte, el diputado Eduardo Valentín Yayo Van Wormer Castro presentó una reserva al artículo 59 del dictamen en discusión, con el objetivo de exceptuar de responsabilidad la contratación de personal en situaciones extraordinarias.

Explicó que la propuesta contempla casos como fenómenos naturales, emergencias sanitarias y necesidades urgentes en sectores clave como salud, educación y seguridad, toda vez que Baja California Sur es un estado vulnerable a estos escenarios, siendo fundamental garantizar la capacidad de respuesta de las instituciones ante situaciones de emergencia.