Estado de México. - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tras documentar múltiples deficiencias y omisiones en el procesamiento de evidencias en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”, ubicado en el municipio de Teuchitlán. El documento no hace recomendaciones a instituciones federales, como la Fiscalía General de la República, pese al papel que jugaron en la organización del recorrido masivo que realizaron medios en el predio.

Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar tras un reporte de disparos. En el sitio, detuvieron a 10 personas armadas y liberaron a tres víctimas privadas de su libertad, una de ellas ya sin vida. La Guardia Nacional puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía local y solicitó el aseguramiento del inmueble para la búsqueda de indicios.

Sin embargo, la CNDH acreditó que el personal de la fiscalía estatal falló en sus labores de preservación del lugar y manejo de la cadena de custodia. A pesar de que en el lugar se localizaron un lote óseo, armas de fuego, evidencias balísticas y siete vehículos, las autoridades omitieron su procesamiento técnico integral, dejándolos sin identificar, inventariar o registrar adecuadamente.

Según la recomendación, tres de los siete vehículos asegurados fueron robados el 25 de noviembre de 2024 mientras se encontraban en el depósito vehicular bajo resguardo de las autoridades.

La contaminación de la escena continuó meses después. La CNDH expuso que, debido a un indebido aseguramiento, el 5 de marzo de 2025 personas ajenas ingresaron al lugar y encontraron nuevas evidencias que las autoridades habían pasado por alto.

Días después, el 20 de marzo de 2025, un agente del Ministerio Público estatal permitió el ingreso masivo de personas al predio, perdiendo el control del área y provocando la alteración definitiva del lugar y sus indicios.

La recomendación y el comunicado de CNDH omitieron mencionar que fue Alejandro Gertz Manero, entonces titular de la Fiscalía General de la República, quien organizó el recorrido masivo en el predio. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó los testimonios de comunicadores afines al gobierno que participaron en el recorrido para argumentar que no había un centro de exterminio de personas; en la recomendación no se menciona a la Presidenta de México u otra autoridad de su gabinete.

La recomendación apunta que hubo un retraso en materia pericial, ya que el dictamen de genética de las muestras biológicas de la víctima asesinada tomó alrededor de seis meses en ser confrontado con el banco de datos de personas desaparecidas.

Además, la CNDH denunció que el IJCF exhibió en su portal web oficial un catálogo con 1,842 indicios fotográficos del caso sin controles adecuados, lo que vulneró la dignidad de las posibles víctimas y de sus familiares.

Según la recomendación, las personas titulares de la FEJ y del IJCF tienen un plazo de seis meses para realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.

Asimismo, ambas dependencias deberán actualizar sus protocolos para el aseguramiento de escenas del crimen, implementar ciclos de formación especializada en derechos humanos para su personal y colaborar en los procedimientos administrativos que se iniciarán contra los servidores públicos involucrados en estas graves omisiones.