• Solicitan que la cuota del Derecho de Saneamiento Ambiental sea proporcional y no fija por UMA.
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La Paz, Baja California Sur.–
Luego de la entrada en vigor el nuevo Derecho de Saneamiento Ambiental aprobado
por el Congreso de Baja California Sur (BCS), anfitrionas de hospedaje por
plataformas digitales en La Paz manifestaron su preocupación por lo que
consideran un esquema de cobro desproporcional que podría afectar al turismo de
bajo presupuesto y a residentes que se hospedan por necesidad.
La reforma, publicada tras su
aprobación en diciembre de 2025, incorpora a las Leyes de Hacienda municipales
el cobro del derecho de saneamiento ambiental para quienes contraten servicios
de hospedaje, incluidos aquellos ofertados mediante plataformas tecnológicas,
así como renta de vehículos y embarcaciones recreativas.
De acuerdo con el dictamen
legislativo, en el caso de hospedaje tradicional en hoteles, moteles y
similares, el cobro será equivalente al 70% del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) o 82.12 pesos por habitación ocupada por
noche, mientras que para servicios contratados a través de plataformas
digitales será de dos veces el valor diario de la UMA, o 234.62
pesos por cuarto, casa o departamento ocupado.
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“Es
desproporcional para el turismo económico”
En entrevista, Olivia
Manríquez y otra anfitriona de hospedaje en plataforma digital más que pidió
omitir su nombre, explican que el monto para plataformas digitales representa
alrededor de 234 pesos adicionales por noche, frente a aproximadamente 80 pesos
en el esquema hotelero.
“Si una persona renta una
habitación de 600 pesos por una noche, tendrá que pagar 234 pesos más, más el
16% de IVA y el 4% de impuesto sobre hospedaje. Esa habitación que planeaba
pagar en 600 pesos termina costando cerca de mil”, señalan.
Las entrevistadas sostienen
que la medida no solo impacta a turistas recreativos, sino también a personas
que viajan por motivos médicos, laborales o trámites administrativos.
“Va dirigido a cualquier
persona que se hospede, no solamente al turista. Y muchos vienen por necesidad,
no de vacaciones”, indicó Manríquez.
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Diferencias
de costos y consumo
Las anfitrionas argumentaron
que los alojamientos independientes operan con tarifas que oscilan entre 600 y
mil 500 pesos por noche, con estancias promedio de 1.7 noches, por lo que el
cobro fijo ligado a la UMA representa un mayor porcentaje del costo total en
comparación con hoteles cuya tarifa promedio es más elevada.
También cuestionaron que el
esquema no considere el nivel de consumo de agua y energía entre distintos
tipos de hospedaje.
“El consumo que tienen los
alojamientos independientes es mínimo comparado con torres de 40 o 50
departamentos. En el centro tenemos agua dos veces por semana y muchas veces
dependemos de pipas que cuestan entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos”, expuso.
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Temor a
repetir el caso Tulum
Durante la conversación, las
anfitrionas señalaron como antecedente el caso de Quintana Roo, donde el
derecho de saneamiento ambiental comenzó a aplicarse en 2019.
“En Tulum se empezó a cobrar
por todo y el destino se vino abajo. Hoy muchos negocios cerraron. Nuestra
preocupación es que La Paz, que aún conserva un perfil más familiar y de menor
infraestructura que Los Cabos, pueda verse afectada”, expresaron.
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Propuestas:
proporcionalidad y diferenciación
Las entrevistadas aclararon
que no están en contra de contribuir a fondos ambientales, pero pidieron que el
esquema sea proporcional y equitativo.
“Queremos que sea parejo. Si a
hoteles se les cobra 0.70 UMA, que sea igual para plataformas; o si es dos UMAs
para plataformas, que sea igual para hoteles”, afirmaron.
Como alternativa, plantearon
que el cobro se calcule con base en un porcentaje del valor real de la tarifa y
no mediante una cuota fija vinculada a la UMA.
La reforma establece que los
recursos recaudados serán administrados mediante un fideicomiso público
municipal y destinados a acciones de protección ambiental, tratamiento de agua
y residuos, conservación de playas y mejora de espacios públicos.
Las anfitrionas insistieron en
que el objetivo debe ser “cuidar el destino” sin generar efectos adversos en el
turismo económico ni en quienes dependen de esa derrama en mercados, pequeños
comercios y servicios locales.
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Avance
del 95% en mecanismos de cobro y uso de recursos: Emprhotur
En paralelo, la Asociación de
Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) La Paz informó que más de 40
empresas afiliadas, entre hoteleras, arrendadoras de vehículos y prestadoras de
servicios turísticos, han podido reunirse con autoridades de Tesorería Municipal
para aclarar dudas sobre la operación del nuevo derecho.
El presidente del organismo,
Agustín Olachea Nogueda, señaló que el ayuntamiento presentó un avance del 95%
en la estructura operativa del Derecho de Saneamiento Ambiental, incluyendo los
mecanismos de retención, entero y aplicación de los recursos.
Durante el encuentro se acordó
revisar con el Congreso local algunos aspectos técnicos para mejorar las
condiciones de aplicación; además, se estableció que el sector empresarial
tendrá voz y voto en el fideicomiso que administrará los recursos, con el objetivo
de garantizar transparencia en su uso.
Asimismo, autoridades
municipales en La Paz, entre ellas el tesorero Jassiel Enríquez, la directora
de Ingresos Viridiana Ángel Cota y el secretario general Jehú Vázquez,
ofrecieron establecer reuniones periódicas de seguimiento sobre el desempeño y
operación del nuevo derecho.
Emprhotur reiteró que fungirá
como canal de comunicación entre el sector empresarial y las autoridades
municipales y estatales para atender inquietudes relacionadas con la
implementación del impuesto, aprobado por el Congreso en diciembre de 2025.