Diario El Independiente
Diario El Independiente

Noticias de BCS, México y el mundo.


Hoy es lunes, 2 de marzo de 2026

Anfitriones de hospedaje en plataformas digitales piden cobro igualitario frente a hoteles

• Solicitan que la cuota del Derecho de Saneamiento Ambiental sea proporcional y no fija por UMA.

Anfitriones de hospedaje en plataformas digitales piden cobro igualitario frente a hoteles

Fotogalería


 

 

La Paz, Baja California Sur.– Luego de la entrada en vigor el nuevo Derecho de Saneamiento Ambiental aprobado por el Congreso de Baja California Sur (BCS), anfitrionas de hospedaje por plataformas digitales en La Paz manifestaron su preocupación por lo que consideran un esquema de cobro desproporcional que podría afectar al turismo de bajo presupuesto y a residentes que se hospedan por necesidad.

 

La reforma, publicada tras su aprobación en diciembre de 2025, incorpora a las Leyes de Hacienda municipales el cobro del derecho de saneamiento ambiental para quienes contraten servicios de hospedaje, incluidos aquellos ofertados mediante plataformas tecnológicas, así como renta de vehículos y embarcaciones recreativas.

 

De acuerdo con el dictamen legislativo, en el caso de hospedaje tradicional en hoteles, moteles y similares, el cobro será equivalente al 70% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o 82.12 pesos por habitación ocupada por noche, mientras que para servicios contratados a través de plataformas digitales será de dos veces el valor diario de la UMA, o 234.62 pesos por cuarto, casa o departamento ocupado.

 

·         “Es desproporcional para el turismo económico”

En entrevista, Olivia Manríquez y otra anfitriona de hospedaje en plataforma digital más que pidió omitir su nombre, explican que el monto para plataformas digitales representa alrededor de 234 pesos adicionales por noche, frente a aproximadamente 80 pesos en el esquema hotelero.

 

“Si una persona renta una habitación de 600 pesos por una noche, tendrá que pagar 234 pesos más, más el 16% de IVA y el 4% de impuesto sobre hospedaje. Esa habitación que planeaba pagar en 600 pesos termina costando cerca de mil”, señalan.

 

Las entrevistadas sostienen que la medida no solo impacta a turistas recreativos, sino también a personas que viajan por motivos médicos, laborales o trámites administrativos.

 

“Va dirigido a cualquier persona que se hospede, no solamente al turista. Y muchos vienen por necesidad, no de vacaciones”, indicó Manríquez.

 

·         Diferencias de costos y consumo

Las anfitrionas argumentaron que los alojamientos independientes operan con tarifas que oscilan entre 600 y mil 500 pesos por noche, con estancias promedio de 1.7 noches, por lo que el cobro fijo ligado a la UMA representa un mayor porcentaje del costo total en comparación con hoteles cuya tarifa promedio es más elevada.

 

También cuestionaron que el esquema no considere el nivel de consumo de agua y energía entre distintos tipos de hospedaje.

 

“El consumo que tienen los alojamientos independientes es mínimo comparado con torres de 40 o 50 departamentos. En el centro tenemos agua dos veces por semana y muchas veces dependemos de pipas que cuestan entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos”, expuso.

 

·         Temor a repetir el caso Tulum

Durante la conversación, las anfitrionas señalaron como antecedente el caso de Quintana Roo, donde el derecho de saneamiento ambiental comenzó a aplicarse en 2019.

 

“En Tulum se empezó a cobrar por todo y el destino se vino abajo. Hoy muchos negocios cerraron. Nuestra preocupación es que La Paz, que aún conserva un perfil más familiar y de menor infraestructura que Los Cabos, pueda verse afectada”, expresaron.

 

·         Propuestas: proporcionalidad y diferenciación

Las entrevistadas aclararon que no están en contra de contribuir a fondos ambientales, pero pidieron que el esquema sea proporcional y equitativo.

 

“Queremos que sea parejo. Si a hoteles se les cobra 0.70 UMA, que sea igual para plataformas; o si es dos UMAs para plataformas, que sea igual para hoteles”, afirmaron.

 

Como alternativa, plantearon que el cobro se calcule con base en un porcentaje del valor real de la tarifa y no mediante una cuota fija vinculada a la UMA.

 

La reforma establece que los recursos recaudados serán administrados mediante un fideicomiso público municipal y destinados a acciones de protección ambiental, tratamiento de agua y residuos, conservación de playas y mejora de espacios públicos.

 

Las anfitrionas insistieron en que el objetivo debe ser “cuidar el destino” sin generar efectos adversos en el turismo económico ni en quienes dependen de esa derrama en mercados, pequeños comercios y servicios locales.

 

·         Avance del 95% en mecanismos de cobro y uso de recursos: Emprhotur

En paralelo, la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) La Paz informó que más de 40 empresas afiliadas, entre hoteleras, arrendadoras de vehículos y prestadoras de servicios turísticos, han podido reunirse con autoridades de Tesorería Municipal para aclarar dudas sobre la operación del nuevo derecho.

 

El presidente del organismo, Agustín Olachea Nogueda, señaló que el ayuntamiento presentó un avance del 95% en la estructura operativa del Derecho de Saneamiento Ambiental, incluyendo los mecanismos de retención, entero y aplicación de los recursos.

 

Durante el encuentro se acordó revisar con el Congreso local algunos aspectos técnicos para mejorar las condiciones de aplicación; además, se estableció que el sector empresarial tendrá voz y voto en el fideicomiso que administrará los recursos, con el objetivo de garantizar transparencia en su uso.

 

Asimismo, autoridades municipales en La Paz, entre ellas el tesorero Jassiel Enríquez, la directora de Ingresos Viridiana Ángel Cota y el secretario general Jehú Vázquez, ofrecieron establecer reuniones periódicas de seguimiento sobre el desempeño y operación del nuevo derecho.

 

Emprhotur reiteró que fungirá como canal de comunicación entre el sector empresarial y las autoridades municipales y estatales para atender inquietudes relacionadas con la implementación del impuesto, aprobado por el Congreso en diciembre de 2025.