Estado de México. - La activista y empresaria pesquera María Gemima Hernández Ávalos denunció que en Baja California Sur (BCS) existe el cobro de piso en el sector pesquero y vinculó el asesinato de su hermano, el empresario Ismael Hernández Sábalos, con denuncias previas de extorsión.

Originaria de Mulegé y con actividad en la zona norte del estado, particularmente en Guerrero Negro, explicó en Aristegui en Vivo que el conflicto detonó cuando su hermano, quien encabezaba una cooperativa pesquera, denunció ser víctima de cobro de piso por parte de grupos delictivos, pero no fue atendido por las autoridades.

“Mi hermano expuso en su denuncia que estaba siendo víctima de extorsión y cobro de piso, ya que él representaba a la cooperativa en Guerrero Negro, Baja California Sur, como presidente y líder dentro del municipio, defendía los derechos de los pescadores y eso representó confrontar, a los criminales y a las autoridades que están coludidas.”

De acuerdo con su testimonio, tras esas denuncias comenzaron una serie de agresiones, la privación de la libertad y tortura del empresario meses antes de su asesinato, un intento de homicidio cuando viajaba con su hijo de 14 años, así como amenazas constantes contra la familia.

Hernández Ávalos afirmó que también se registraron ataques a su patrimonio y entorno, como la quema de su vivienda y la incineración de un camión que sería donado a la Guardia Nacional, el cual —dijo— contaba con custodia.

Ante la escalada de violencia, indicó que acudió en varias ocasiones a la Ciudad de México para solicitar intervención federal.

Señaló que entregó documentos directamente a la Presidencia de la República y participó en reuniones de seguridad, donde expuso tanto las agresiones como presuntas omisiones de autoridades estatales.

Relató que el 28 de agosto de 2024 advirtió del riesgo inminente contra su hermano y le dijo “a la Presidenta que lo iban a matar”, pero tres días después, el 1 de septiembre, Hernández Sábalos fue asesinado.

“Si se hubiese hecho caso desde el inicio (…) mi hermano estuviera vivo.

La activista aseguró que, tras el homicidio, la violencia continuó y denunció amenazas de muerte en su contra, hostigamiento en redes sociales y afectaciones psicológicas a sus hijos, de 12 y 14 años.

“Estoy siendo amenazada de muerte, ya presenté denuncia, ya presenté los números telefónicos en los cuales estoy siendo amenazada por estar llevando a cabo lo que como víctima a mí me compete, que es la denuncia.”

Añadió que ha presentado al menos ocho denuncias por estos hechos y acusó que en Baja California Sur existen autoridades coludidas con grupos criminales.

“Hay autoridades bastante coludidas en mi estado.”

También señaló que el cobro de piso afecta a distintos sectores en la entidad, pero que muchas víctimas no denuncian por miedo, aunque “somos tantas las víctimas que muy pocas nos atrevemos a denunciar”, afirmó.

Indicó que la situación ha generado ruptura familiar, ya que algunos de sus allegados han optado por alejarse por temor a represalias; además, dos menores de edad —hijos de su hermano— quedaron en situación de orfandad.

Actualmente, Hernández Ávalos permanece en la Ciudad de México ante la falta de condiciones de seguridad para regresar a Baja California Sur.

Entre los acuerdos con autoridades federales, mencionó la instalación de una base de seguridad en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, así como gestiones ante instancias de gobernación por el trato recibido a su caso y apoyos para sus sobrinos.

“Queremos justicia y no quiero que me pase nada, no puedo regresar a mi estado en estas condiciones.”