La Paz, Baja California Sur.- La empresaria sudcaliforniana Julia Lorena Hinojosa Oliva, consejera de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación La Paz, fue designada como Promotora del Desarrollo Económico de Baja California Sur (BCS), dentro del recién creado Comité Nacional de Inversiones impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y formalizado a través de la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard.

El nombramiento, de carácter honorífico, recayó en 32 mujeres empresarias de todo el país, quienes fueron propuestas por sus respectivos Consejos Coordinadores Empresariales estatales y posteriormente ratificadas por la Secretaría de Economía. Hinojosa Oliva precisó a Diario El Independiente que no se trata de un cargo burocrático ni gubernamental, sino de una representación del sector productivo.

“Nosotras no fuimos nombradas por un gobierno, sino por nuestros sectores empresariales en cada estado. Nuestra responsabilidad es servir de vínculo entre las empresas y el Gobierno Federal para evitar que la inversión se detenga”, explicó.

Durante la primera reunión celebrada en la Ciudad de México, las integrantes del comité acordaron establecer mesas de trabajo semanales con secretarios de Estado relacionados con distintos rubros productivos, con el objetivo de revisar expedientes que enfrentan obstáculos federales.

En el caso de Baja California Sur, existen actualmente más de 50 expedientes de potenciales desarrollos económicos —principalmente vinculados al sector turístico— que buscan solución, varios de ellos relacionados con trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La empresaria destacó que la función del comité no es frenar proyectos, sino encontrar mecanismos para que puedan concretarse conforme a la normatividad vigente. “No se trata de decir que no se puede; se trata de ver cómo sí hacer las cosas”, subrayó para este matutino.

El objetivo central, puntualizó, es claro: evitar que la inversión abandone el estado por falta de coordinación institucional y garantizar que los proyectos productivos encuentren cauces legales para su desarrollo.

Con esta nueva responsabilidad, Baja California Sur contará con una representación directa ante instancias federales para gestionar y agilizar inversiones estratégicas en beneficio de su crecimiento económico.