Estado de México. - La Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados 2026, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el martes, condiciona la asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno de México al cumplimiento de compromisos de entrega de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.

En su Sección 7045(h), titulada “México” y bajo el apartado “Entregas de Agua”, la ley establece que “ninguno de los fondos asignados o de otra manera puestos a disposición por esta Ley podrá estar disponible para asistencia al Gobierno de México hasta que el Secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que dicho Gobierno está entregando el agua adeudada a los Estados Unidos por México”, según lo previsto en el Tratado de Aguas.

El documento especifica que la entrega de agua debe realizarse conforme al “Artículo 4, Sección B del Tratado entre los Estados Unidos de América y México Relativo a la Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo, del 3 de febrero de 1944 (59 Stat. 1219)”.

Además, la certificación del Secretario de Estado, Marco Rubio, deberá incluir una evaluación sobre si México está cumpliendo “de acuerdo con todos los términos establecidos en los acuerdos bilaterales que abordan los déficits de entrega”.

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La ley incluye una excepción explícita: la restricción no afecta los fondos destinados a “contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia los Estados Unidos”.

Sin embargo, en el apartado de antinarcóticos, señala que 30 por ciento de los fondos asignados a México para seguridad (Título IV) solo podrá ejercerse después de que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que, en los 12 meses previos, el Gobierno de México tomó medidas para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre ambos países, desmantelar y fincar responsabilidades a organizaciones criminales transnacionales, respaldar operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia con autoridades estadounidenses, respetar las solicitudes de extradición de personas reclamadas por Estados Unidos y fortalecer el compromiso en la materia tanto a nivel federal como estatal.

En materia migratoria, la Sección 7045(f) impide que fondos federales se utilicen para alentar, publicitar o gestionar caravanas de migración masiva hacia la frontera suroeste, lo que no prohíbe la asistencia humanitaria.

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Por otra parte, el informe explicativo de la Cámara de Representantes (House Report 119-217), presentado por el Comité de Asignaciones, justifica el condicionamiento en términos económicos y sociales. Según el documento consultado por Aristegui Noticias, “es imperativo para la economía agraria a lo largo de la Cuenca del Río Bravo, incluido el sur de Texas, que dichas entregas de agua sean oportunas y confiables”.

El Comité señala que el déficit en la entrega “ha provocado una grave escasez de agua en el sur de los Estados Unidos, particularmente en Texas, y ha tenido un impacto devastador en los ciudadanos y las empresas estadounidenses de la región”.

Por lo tanto, su recomendación sobre la retención de fondos, según el informe, refleja “la importancia crucial de resolver este problema con prontitud para salvaguardar los medios de vida y la estabilidad económica de la región”.

 “El Comité aplaude a la Administración por priorizar este tema en las negociaciones con México y acoge con satisfacción la colaboración en los esfuerzos continuos para asegurar el suministro de agua a los estadounidenses”, agrega.

El informe solicita específicamente la liberación de un volumen mínimo de agua: “El Comité alienta al Secretario a abogar por la liberación expedita de 550,000 acres-pies de agua [aprox. 678 millones de metros cúbicos], o más, del Río Bravo, ya que esto proporcionaría un alivio muy necesario y demostraría el compromiso de restablecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México”.

“El Comité señala la importancia, en dichas conversaciones bilaterales, de que el Gobierno de México reconozca la extrema dificultad experimentada por la economía agraria en los Estados Unidos, la cual depende de entregas de agua predecibles y oportunas desde el Río Bravo”.

En materia de seguridad, el informe del Comité de Asignaciones también, señala que el secretario de Estado deberá priorizar poner a disposición de México la asistencia “para el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones judiciales y de seguridad mexicanas para combatir la delincuencia, especialmente la delincuencia asociada con el fentanilo, el tráfico de otros estupefacientes y las organizaciones criminales transnacionales”.

Asimismo, el Comité expresa su expectativa de que la cooperación se extienda a capacidades técnicas especializadas, al indicar que “el Comité espera que el Departamento de Estado trabaje en asociación para seguir desarrollando la capacidad de los gobiernos de América Central y México para utilizar la ciencia forense de ADN y bases de datos para combatir la trata de personas”.