Estado de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este domingo que no utilizará las camionetas recientemente adquiridas, tras la polémica generada por su costo y el contraste con los llamados a la austeridad.

En un mensaje en redes, el Alto Tribunal informó que los nueve ministros que lo integran decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán “que se inicie el proceso correspondiente para la devolución” de los mismos.

“O, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, indicaron.

Finalmente, los integrantes de la Corte reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, y anunciaron una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 hora local para dar más detalles.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.”

El anuncio de la SCJN ocurre tras la polémica generada por la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal elegidos por el voto popular en junio de 2025, cada una valuada en 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas de protección como blindaje.

A ante señalamientos por ser una medida contradictoria al discurso de austeridad de la Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó el viernes que la adquisición de camionetas “de seguridad” significó un ahorro superior a 1,000 millones de pesos.

La mandataria mexicana aseguró que la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades, lo que generó el “ahorro”.

“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta… nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso.”

Por su parte, la Corte argumentó entonces que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad, y sostuvo que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.

El Supremo también afirmó que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos —cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras— y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular, para no generar un gasto adicional.