Estado de México. - La detención por Estados Unidos de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, reactiva los señalamientos de una red de intermediarios, proveedores y operadores financieros mexicanos que durante años participaron en el programa de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las despensas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción se utilizaron para desviar millones de dólares mediante sobreprecios, empresas fantasma y productos de baja calidad nutricional, revelan investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción fueron implementados por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016, como un mecanismo de distribución de alimentos subsidiados, que eran comprados en países como México.

Los contratos eran adjudicados a intermediarios offshore como Group Grand Limited, una empresa vinculada a Álex Saab — liberado de una prisión en Estados Unidos a cambio de 10 presos estadounidenses—, y a Álvaro Pulido, detenido en una cárcel en Caracas. Los empresarios subcontrataban a proveedores de alimentos de la canasta básica en terceros países. México se convirtió en uno de los principales abastecedores.

En México, un grupo de empresas y empresarios proveedores de despensas logró evadir la acción penal por el tema de las despensas vendidas a Venezuela en 2018. Todo lo lograron con acuerdos reparatorios con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy considerados ilegales por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La reactivación del caso no es casual de las despensas vendidas por México a Venezuela. Un oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) identifica a Jack Landsmanas Stern, líder del Corporativo Kosmos, como uno de los proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El documento vincula operaciones con el lavado de dinero derivado de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción  y solicita información de una investigación judicial que en 2018 cerró en México.

En junio de 2018, la UIF presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la PGR, la cual señala a 14 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el suministro de despensas al programa CLAP. Los montos investigados superaban los 156 millones de dólares.

En lugar de procesos penales, la PGR, entonces bajo la administración de Enrique Peña Nieto, optó por celebrar cuatro acuerdos reparatorios entre octubre y noviembre de 2018. 

Las multas acordadas fueron de 750 mil dólares por persona, montos considerados bajos frente a los recursos presuntamente desviados.

Aunque se ordenó el decomiso de despensas almacenadas destinadas a Venezuela, no se profundizó en la investigación del origen ilícito de los recursos ni en las rutas financieras empleadas.

Entre las personas y empresas beneficiadas por estos acuerdos se encuentran Jorge Carlos Fernández Francés, propietario de El Sardinero Es Servicio, así como Aristóteles Vaca Pérez, representante de Almacenes Vaca y Rice & Beans. 

Las empresas y los empresarios son parte del oficio de Homeland Security Investigations. 

En el caso del Corporativo Kosmos, cuyas filiales Productos Serel y La Cosmopolitana participaron como proveedoras del programa CLAP, la PGR suscribió el 16 de octubre de 2018 un acuerdo reparatorio mediante el cual se impuso una multa de 120 mil dólares.

El oficio atribuido a Homeland Security Investigations, dado a conocer por el periodista Luis Chaparro, señala a Jack Landsmanas Stern como presunto líder de una “nueva organización criminal” dedicada a la cleptocracia, al lavado de dinero y a la evasión fiscal.

El documento, que fue enviado al entonces titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, muestra que Landsmanas Stern y sus socios participaron en operaciones financieras internacionales sin contar con la licencia correspondiente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además de triangular recursos mediante intermediarios en distintos países.

Entre las dependencias mencionadas figuran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), así como secretarías estatales de Finanzas y de Seguridad Pública.

El documento atribuido a HSI enlista a unas 70 personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización. Entre los nombres mencionados figuran integrantes de la familia Landsmanas, así como funcionarios y exfuncionarios públicos de alto nivel, principalmente en áreas financieras y de seguridad. 

Aparecen Óscar Flores Jiménez, actual secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, detenido en marzo de 2024 por peculado.

También se menciona a Bernardo Fernández Sánchez, ex directivo de Segalmex y socio del corporativo. Esta persona es una de las 17 acusadas de un fraude cometido contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020 por más de 15 mil millones de pesos.

Otra figura clave en la venta de las despensas a Venezuela es Joaquín Leal Jiménez, fundador de la empresa Libre Abordo. 

También, el listado considera a exsecretarios y titulares de Finanzas y de Seguridad Pública de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, el Estado de México y la Ciudad de México, así como a exdirectivos y funcionarios de la CFE, Pemex, IMSS, el Instituto Nacional de Migración, el sistema penitenciario federal y el Senado de la República.

Se trata de perfiles que tuvieron o tienen responsabilidad directa sobre recursos públicos, contratación gubernamental y áreas sensibles de control y seguridad, varios de ellos vinculados a administraciones y figuras políticas específicas.

El documento hace referencia a las empresas Unifin y Oro Negro, cuyos propietarios, Gonzalo Gil White y Rodrigo Lebois Mateos, respectivamente, han sido señalados por participar junto con Landsmanas en la empresa de papel Opes Acquisition Corp.

Durante sexenios, las empresas del Corporativo Kosmos se consolidaron como uno de los principales proveedores de alimentos de la administración pública, hasta concentrar una parte significativa del mercado de servicios de comida institucional.

Las principales marcas del grupo, Productos Serel, La Cosmopolitana y Kol Tov, abastecen desde hospitales públicos y centros penitenciarios hasta dependencias federales, aeropuertos, albergues, corporaciones policiacas y programas sociales.

En marzo de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no renovaría contratos con empresas “de mala reputación”, entre ellas La Cosmopolitana, señalada públicamente como parte del llamado “cártel de la comida”.