La Paz, Baja California Sur.— Entre aplausos, reproches y un ambiente de hartazgo acumulado, decenas de rancheros, pescadores y habitantes de zonas rurales acudieron al Congreso del Estado para respaldar la iniciativa que plantea reconocerlos, por primera vez, como comunidades originarias de Baja California Sur (BCS).

La propuesta fue presentada por los diputados Sergio Ricardo Huerta Leggs (Morena) y Fernando Hoyos Aguilar (PT) y se turnó a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Su discusión podría modificar la manera en que se entiende la identidad sudcaliforniana dentro del marco constitucional.

·        Un reclamo que llega desde la sierra y las costas

Guillermo Trasviña, presidente de la asociación civil Rescate de los Pueblos, sus Tradiciones y su Economía, encabezó una delegación que ingresó al Congreso. Afirman que no buscan un gesto político, sino corregir lo que consideran una deuda histórica.

“Nos invisibilizan. Venimos por un reconocimiento que debió llegar hace décadas”, sostiene. Agrega que la ley estatal en materia indígena y afro excluye a quienes descienden de las culturas ranchera, de costas y agrícola, pese a su aportación en el poblamiento y defensa del territorio.

“La SCJN ya declara inconstitucional esa ley por violentar nuestros derechos”, recuerda.

El reclamo rural, sin embargo, va más allá del texto legislativo. Para ellos se trata de evitar que continúe el desplazamiento silencioso de familias, el abandono de ranchos y la pérdida de tradiciones que han sobrevivido en condiciones adversas.

·        ¿Qué propone la reforma?

El proyecto incorpora varios cambios al articulado constitucional:

-Reconocer como comunidades originarias a los descendientes de quienes heredaron tierras ex misionales.

-Ordenar al Estado promover políticas públicas que fortalezcan la vida rural y reduzcan desigualdades.

-Establecer el derecho ciudadano a proteger identidad, costumbres y tradiciones.

-Incluir un deber cívico: participar en la preservación del patrimonio cultural y ecológico.

-Ampliar obligaciones municipales para que promuevan la identidad de cada comunidad.

-Añadir al artículo 6° la obligación del Estado de difundir la cultura regional.

La reforma también obliga al Congreso a emitir una ley reglamentaria en un plazo máximo de 18 meses.

·        Sector reducido, pero decisivo

La exposición de motivos reconoce que el 91% de la población del estado vive en zonas urbanas, mientras que cerca de 72 mil personas permanecen en áreas rurales. Aun así, los legisladores sostienen que el peso histórico y cultural de estos grupos es irremplazable.

Para Trasviña, no se trata sólo de identidad:

“Estamos perdiendo tierra, agua e historia. Cada vez que privatizan un pedazo de costa o de sierra, perdemos todos”, afirma al denunciar políticas de planeación territorial que, asegura, ponen en riesgo a pequeños productores y ejidatarios.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o municipal responde de manera oficial a estos señalamientos.

Además, el proceso legislativo ocurre en medio de una tensión creciente por el manejo del agua, las áreas naturales protegidas y la expansión inmobiliaria en zonas rurales y costeras.

“No queremos que quede guardado en un cajón”, afirma Trasviña.

Al cierre de la jornada, Trasviña lanza un mensaje: “Convoco al pueblo de Baja California Sur a defender nuestra tierra. No queremos una reforma bonita en el papel; queremos una reforma viva”.