La Paz, Baja California Sur. - Con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en planteles educativos, se llevaron a cabo mesas de trabajo y consulta sobre la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de Educación estatal para unificar criterios en un Protocolo Estatal Único de Seguridad Escolar, con la coordinación entre la SEP, instituciones de seguridad, de impartición de justicia, padres de familia e instituciones involucradas.

La diputada Teresita Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes de la XVII Legislatura, puntualizó que la iniciativa busca una armonización legislativa para fortalecer el protocolo de seguridad escolar ya existente.

Explicó que la inclusión de este protocolo en la ley aportará mayor certidumbre, coordinación y claridad en las responsabilidades institucionales.

"La iniciativa no pretende sustituir ni contradecir el protocolo; por el contrario, busca que se unifiquen criterios bajo el principio de respeto y protección de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes," precisó.

Añadió que las consultas y el análisis del proceso arrojarán luz sobre qué aspectos deben fortalecerse, qué vacíos normativos deben aclararse y cuáles son las necesidades reales en materia de organización y actuación.

Por su parte, el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó que el Poder Legislativo debe enfocarse en atender las causas originales de los fenómenos que se presentan en los planteles, como la portación de armas o estupefacientes, además de revisar y actualizar los protocolos ante la aparición de nuevos riesgos.

"El operativo mochila ya existe y es reactivo; debemos trabajar en sus causas, en las familias, en su integración, si tienen salud, vivienda... Si todas esas patologías no se subsanan de raíz, el problema no se resuelve."

Destacó que para la elaboración del dictamen se escucharan y tomaran en cuentas las voces, como que éste se apegará a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los protocolos no deben ser invasivos, sino que deben ser consensados, preventivos y diseñados para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

Mesas coinciden en la necesidad fundamental de impulsar la participación de los padres de familia y fortalecer la prevención desde el hogar.

·        Mesa de Educación.

La Mesa de Educación enfatizó que los profesores carecen de certeza y se sienten inseguros ante diversas situaciones. Ratificaron la existencia de problemas como la introducción de armas, aerosoles y la ocurrencia de peleas dentro de los planteles escolares. Hicieron un llamado a la mayor participación de los padres de familia e instaron a que, durante este proceso de análisis legislativo, se consideren como referencia las experiencias y normativas aplicadas en otros estados.

·        Mesa de Seguridad.

La Mesa de Seguridad concluyó que las instituciones buscarán definir las competencias específicas de cada organismo, identificar las herramientas jurídicas disponibles y comenzar la capacitación y sensibilización de los padres de familia para fomentar una mayor corresponsabilidad. La mesa sentenció: "El operativo mochila debe iniciar desde casa".

·        Mesa de Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos.

Esta mesa reconoció que la legislación actual ya contempla estos procesos de seguridad, pero consideró que el tema requiere un análisis más profundo. Subrayaron su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos tanto de los menores como de los docentes.