La Paz, Baja California Sur.— Representantes del sector pesquero ribereño del Golfo de Ulloa expresan preocupación ante las nuevas exigencias de la autoridad federal relacionadas con la incorporación de “observadores a bordo”, medida impulsada para atender observaciones internacionales sobre la protección de la tortuga caguama.

Tomás Camacho Bareño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Golfo de Ulloa (Fedecoop), sostiene que esta obligación se pretende imponer sin que existan apoyos económicos ni avances en acuerdos pendientes desde hace una década. Afirma que las comunidades pesqueras están enfrentando solas la carga de cumplir con los requisitos para evitar un embargo de Estados Unidos.

“Nos dicen que si no subimos a los observadores podría venir un embargo millonario, pero quieren que nosotros resolvamos el problema con nuestros propios recursos”, expone.

•Señalamientos por incumplimientos y ausencia de estudios

El dirigente recuerda que las cooperativas han participado en esfuerzos previos de monitoreo, incluida la instalación de cámaras en embarcaciones y la integración de observadores en años pasados. Asegura que los registros mostraron baja o nula incidencia de mortalidad de tortuga por parte del sector ribereño, pero fueron descartados por considerarse “información vieja”.

Entre los acuerdos pendientes mencionados por Fedecoop se encuentran:

•             Redefinir el polígono del refugio pesquero.

•             Permisos para pesca de camarón en altamar por parte de embarcaciones ribereñas.

•             Autorizaciones para pesca de atún.

•             Ampliación del esfuerzo pesquero en pulpo.

Respecto al caso del camarón, Camacho señala que la autoridad argumenta que no es posible aumentar el esfuerzo pesquero por encontrarse en “máximo rendimiento sostenible”, pero subraya, no existe un estudio específico para el Golfo de Ulloa que respalde ese criterio.

“La información que citan proviene de otras regiones como Oaxaca o el Golfo de México, pero no de aquí. Si ya no vienen barcos foráneos, el recurso queda para los que vivimos en la zona, pero aun así nos niegan permisos”, afirma.

Pescadores piden alternativas y un plan ante posibles cierres.

El representante de Fedecoop expresa también preocupación por la ausencia de un plan de contingencia en caso de que el límite anual de interacciones con tortuga se rebase. “Si cierran la pesca, ¿qué vamos a hacer? No hay un ‘plan B’ para las familias del Golfo de Ulloa”, señala.

Por ello, insisten en que cualquier medida de conservación debe ir acompañada de compensaciones económicas, subsidios para equipos sustentables, programas de capacitación y reconversión productiva, impulso a pesca deportiva y turismo como actividades complementarias, así como apoyos temporales durante los periodos de transición.

Conapesca y Fonmar defienden el programa

En contraste con la postura del sector ribereño, autoridades federales y estatales informaron en una reunión en Puerto López Mateos que el programa “Observadores a Bordo” es parte de la estrategia nacional para atender las observaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Durante el encuentro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) presentó un análisis técnico del Refugio Pesquero propuesto, cuyo objetivo según la dependencia, es ordenar la llegada de embarcaciones de otros estados y reforzar medidas de protección en periodos reproductivos.

El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) confirmó el financiamiento de un equipo de 18 biólogos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) encargado de documentar, en aproximadamente el 30% de los viajes de pesca, la interacción con especies protegidas. La información recabada será utilizada para acreditar ante NOAA la baja incidencia de mortalidad de tortuga aleta amarilla y la nula afectación a la especie por parte de la pesca ribereña.

Las autoridades señalaron que esta coordinación técnica busca evitar restricciones a la exportación de productos pesqueros mexicanos a partir del 1 de enero de 2026 y garantizar la continuidad de una actividad de la que dependen más de tres mil familias sudcalifornianas.