La Paz, Baja California Sur.— Los diputados Jorge Martín Escogido y Lourdes Cornejo, integrantes de la Comisión de Asuntos Educativos del Congreso del Estado, afirmaron que la revisión de mochilas —popularmente conocida como “operativo mochila”— no es una solución definitiva a los riesgos dentro de los planteles, y que las instituciones deben apostar a acciones preventivas y no reactivas.

Ambos legisladores participaron en las mesas de trabajo convocadas por la diputada Teresita Valentín para analizar la propuesta de reforma al artículo 20 Bis de la Ley de Educación estatal. La iniciativa busca dar mayores atribuciones a la Secretaría de Educación Pública para formalizar, actualizar y revisar los protocolos de actuación ante el ingreso de armas, objetos punzocortantes o estupefacientes en escuelas.

Escogido explicó que las mesas reunieron a autoridades educativas de niveles básico y medio superior, organismos de derechos humanos, Poder Judicial y legisladores, aunque reconoció que faltó mayor participación de madres y padres de familia. Subrayó que este es apenas el inicio de una discusión que debe incluir a todos los actores involucrados.

El diputado recordó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios claros: los protocolos no deben ser invasivos ni vulnerar la intimidad de niñas, niños y adolescentes. “Debemos ser muy cuidadosos. Si un menor considera que su intimidad está siendo vulnerada, no podemos actuar más allá”, señaló.

Por su parte, la diputada Lourdes Cornejo apuntó que el reciente caso de un alumno que ingresó un arma a una primaria en La Paz fue el detonante para revisar nuevamente la legislación, pero insistió en que los protocolos ya existen, y el reto ahora es aplicarlos y actualizarlos.

Ambos legisladores coincidieron en que las mesas de análisis mostraron posturas encontradas entre docentes, directivos y padres de familia; sin embargo, prevaleció la idea de que la verdadera solución está en la prevención desde el hogar y en la actualización integral de los marcos protocolares, no en medidas que puedan vulnerar derechos.

“La recomendación de la Suprema Corte y de la CNDH es clara: debemos privilegiar acciones preventivas, no reactivas”, enfatizó Escogido.