La Paz, Baja California Sur.- La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado, Lupita Vázquez Jacinto, confirmó que la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos y Productos permanecerá detenida mientras se revisa y reestructura la Ley Estatal de Protección Civil, de la cual dependen varios de los cobros planteados en la propuesta.

Vázquez Jacinto explicó que, tras ser turnada a su comisión, la iniciativa generó preocupación entre diversos sectores empresariales, por lo que se convocó a una reunión de análisis con legisladores interesados. En ese encuentro, señaló, se detectaron inconsistencias que obligan a revisar primero el marco legal vigente en materia de Protección Civil.

“Detectamos que se requiere una reestructuración en la Ley Estatal de Protección Civil. Primero tenemos que mejorar esa ley, dotarla de atribuciones, responsabilidades y sanciones para quienes no ejerzan bien su labor. Solo así podríamos hablar de los cobros que se plantean en la iniciativa”, explicó.

Aseguró que parte de las tarifas que se contemplan en la reforma derivan de facultades establecidas en una reforma de 2014, pero insistió en que debe existir claridad jurídica antes de establecer cualquier esquema de cobro: “No podemos avanzar en una reforma recaudatoria si antes no está bien fundamentada en la ley de Protección Civil”.

Respecto a las declaraciones de la diputada del PAN, Lupita Saldaña, quien señaló que el interés de recaudar responde al recorte federal de más de 700 millones de pesos, Vázquez Jacinto sostuvo que existe comunicación directa entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

Aseguró que, gracias a la gestión del gobernador Víctor Castro Cosío y al diálogo con la presidenta de la República, existe un compromiso de que la Federación buscará mecanismos para compensar el recorte. Explicó que la Secretaría de Finanzas informó que se trabaja para que el recurso pueda enviarse nuevamente a Baja California Sur, pese a que el Presupuesto de Egresos ya fue aprobado a nivel nacional.

“Nos comentaba la Secretaría de Finanzas que habrá oportunidad de que la República regrese este recurso. Lo que sigue es analizar qué mecanismos legales y presupuestales se utilizarán para que lleguen esos más de 700 millones y se mitigue el impacto en el Ramo 33”, precisó.

Por ahora, el Congreso mantendrá detenida la iniciativa mientras se revisa el marco legal de Protección Civil y se continúa el diálogo con los sectores que expresaron inquietudes sobre los alcances y efectos de los nuevos cobros planteados.