Estado de México. - La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión donde el bloque mayoritario aseguró que la iniciativa respeta el derecho a la herencia de las concesiones y combate el acaparamiento del líquido y el mercado negro, mientras la oposición alertó sobre el intento del gobierno de “centralizar” el control de este recurso, para usarlo con fines políticos.

Luego de un debate que se prolongó durante más de 6 horas, y en el cual prevalecieron las descalificaciones e insultos entre los diversos grupos parlamentarios, el documento fue avalado por 328 votos en favor, de Morena y sus aliados; 131 en contra, de PAN, PRI y MC, a los que se sumaron 3 de los petistas Javier Vázquez Calixto, Patricia Galindo y Jesús Fernando García, y cinco abstenciones, dos de diputados de Morena: Gilberto Herrera Ruiz y Alfredo Vázquez Vázquez; dos del PT, Martha Aracely Cruz y Lilia Aguilar Gil, y una de la independiente Araceli Mendoza, del Movimiento de El Sombrero.

La discusión en lo particular continúa y se espera que se alargue hasta la madrugada del jueves, ante el cúmulo de más de 500 reservas a la totalidad de los artículos, que serán expuestas por una lista de 154 oradores, aunque los grupos parlamentarios mantienen el diálogo para llegar a un acuerdo que reduzca el número de intervenciones. De ese total, se prevé que sólo se acepten 18, de Morena y sus aliados.

Sobre todo, porque en San Lázaro se conoció que el Senado está citado a las 8 horas del jueves para recibir y discutir la minuta. 

Morena anticipó que presentará un nuevo paquete de ajustes al documento, si bien no adelantó en qué puntos.

El dictamen había sido aprobado en la mañana, en apenas un par de horas, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, y tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se decidió remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara para que empezara su discusión este mismo día, y se postergara el análisis de la reforma a la Ley General de Salud, que estaba programado para hoy. 

El petista Luis Fernando García votó en contra tanto del dictamen en comisiones, como del mencionado cambio en el orden del día. 

El debate, sin embargo, se retrasó casi una hora más luego de que la oposición exigió que la votación para el cambio en el orden del día se realizara en el tablero, pues en una primera consulta a mano alzada, un sector de Morena no se encontraba en el pleno, lo que generó la duda respecto de una aprobación mayoritaria.

La petición fue concedida por la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López Rabadán (PAN), en medio de reclamos de las bancadas Morena y sus aliados, que la señalaron de “ignorar” su condición de mayoría legislativa. 

Al final se confirmó el cambio de la agenda. 

·        Se termina el acaparamiento: Morena

El pleno desechó mociones suspensivas de PRI y PAN, y enseguida Xóchitl Zagal (Morena) subió a tribuna acompañada de varios de sus compañeros –quienes llevaban pancartas con frases como “Se les acabó el negocio, corruptos del MC Prian”-- para destacar que el dictamen fue producto de 450 audiencias públicas en todo el país.

De igual forma, recalcó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum combate las prácticas de acaparamiento por parte de diversos empresarios y políticos de oposición, entre los que mencionó a Vicente Fox, Diego Sinuhé Rodríguez y Miguel Márquez, ex gobernadores panistas de Guanajuato.

Ya enfilada, aseguró que los empresarios Ricardo Salinas Pliego –a través de Banzo Azteca—; Claudio X. González y Germán Larrea, además del propio coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Rubén Moreira, “han permitido también el acaparamiento, han hecho del agua un negocio, han acaparado este recurso natural que es un derecho para la gente. Ustedes son el cártel del agua, quienes han hecho que las concesiones se ocupen para especular”.

En el mismo sentido, su compañero de bancada Francisco Javier Borrego Adame resaltó que el dictamen fue construido con base en las observaciones en foros regionales, y señaló a la oposición de haber repartido “grandes cantidades de agua” durante sus gobiernos, pero privaron del líquido a comunidades enteras.

Una de esas entregas arbitrarias del líquido, dijo, fue a la familia LeBarón, del estado de Chihuahua, a la cual se le dieron “más de 160 títulos de concesión, más de 47 mil metros cúbicos, con los cuales se han enriquecido, y no quieren perder esos privilegios”. 

Incluso refirió que el ex presidente Vicente Fox “se repartió para él y su familia más de 14 títulos de concesión”.

Contrario a los señalamientos de la oposición, aseguró que las leyes de aguas no centralizan el poder en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues los organismos locales de cuenca mantendrán la facultad de expedir títulos de concesión y realizar diversos trámites, como prórrogas y reasignación de volúmenes del líquido.

De igual manera, aseguró, el dictamen da carácter público al registro de concesiones, para que haya transparencia sobre el tema; se garantiza la transmisión de los derechos de propiedad de uso del agua; se obliga a la Conagua a expedir en un plazo máximo de 20 días un nuevo título a favor de quienes comprueben derechos de sucesión, con el mismo volumen, y se especifica que el uso agrícola y pecuario no implica un cambio en la utilización del recurso.

El vice coordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el dictamen garantiza la “sucesión automática” de los derechos, en caso de herencia por fallecimiento del concesionario o por la venta de tierras.

“No se trastocan las herencias, pero sí se va a terminar con el mercado negro y los 20 mil pozos no autorizados. Chihuahua es el paraíso ilegal de la perforación”, sostuvo.

Declaró que la única molestia proviene de los productores que acaparan el líquido. “Se enojan los menonitas, los LeBarón, los depredadores del agua. De lo que se trata es de poner orden y gobierno, y entrar a una fase de sustentabilidad en la explotación del agua”.

Respecto de la movilización de tractores ocurrida ayer ante la Cámara, dijo que si hace 20 años El Barzón –movimiento del que él formó parte- irrumpió con su maquinaria en el recinto, fue “para exigir una legislación como la de  hoy”. También en tribuna, Jesús Cuanalo Araujo (PVEM) manifestó que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió la responsabilidad y el valor moral de presentar ambas iniciativas.

Con la reforma, indicó, no sólo se confirma el derecho humano al agua y se reconoce el líquido como un bien público y se le da prioridad al consumo humano y a la producción agroalimentaria; también se acabará con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, así como combatir el uso indebido y su venta ilegal.

“¿Cuántos lugares con concesiones de agua para la agricultura se convirtieron en fraccionamientos o en industrias y extraen millones de litros de agua? Se evitará que las industrias acaparen y nos vendan nuestra propia agua, y se acabará el negocio de la transmisión de derechos entre particulares, un mercado millonario a costa del recurso hídrico que es de todos”, declaró.

·        Control político del agua: oposición

En sentido contrario, el panista Agustín Rodríguez acusó a la mayoría legislativa de ser “abusones, tramposos, mentirosos y traicioneros”, al afirmar que buscan hacer una mejor gestión del agua, cuando –a su juicio—en realidad sólo buscan utilizarla con fines políticos.

“Ustedes pretenden, con la sed de los animales, controlar a los ganaderos. Ustedes pretenden, con la sed de los cultivos y con la tierra agrietada, controlar a los campesinos y a los agricultores. Eso es lo que pretende Morena: arrodillar al pueblo de México ¡hasta por un méndigo vaso de agua!”, exclamó el legislador.

Del mismo grupo parlamentario, Paulo González alertó que “el dictamen que hoy discutimos es la puerta de entrada para una ley parchada, improvisada y profundamente peligrosa. Esta ley nació mal hecha, con más de 90 cambios en la última hora, para intentar corregir una iniciativa que no se sostenía ni ella sola y no resuelve los problemas de fondo”.

Tras insistir que Morena y sus aliados buscan tener el “control político” del líquido mediante un Fondo Nacional de Reservas “administrado desde la Ciudad de México, para que una persona desde un escritorio decida quién sobrevive y quién va a quebrar”, el legislador subrayó que las autoridades federales concentran una gran cantidad de atribuciones, pero sin tener recursos para ello.

“La Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para la carga que le quieren imponer en este dictamen. Le recortaron presupuesto, de 37 mil millones de pesos, a 36 mil millones para 2026. Sin duda, todo esto es una receta para el colapso, y el campo es el sector más afectado”, puntualizó.

Por su parte, Humberto Ambriz (PRI) lamentó que la propuesta del Ejecutivo contiene diversos elementos que afectarían de manera inmediata a millones de productores, entre otros la prohibición de la transmisión libre de derechos de agua y las transferencias automáticas de concesiones cuando se vendan, arrienden o hereden tierras, las cuales quedarán sujetas “a la autorización discrecional de la autoridad”.

Asimismo, “se incrementan las multas y se introducen delitos hídricos que llevarán a prisión y a sanciones millonarias” a los productores; “se centraliza el otorgamiento y la reasignación de agua en una autoridad federal con amplias facultades discrecionales”, y se condicionan prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal y a los criterios de responsabilidad hídrica, sin parámetros claros, lo que abre la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio”.